CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte de Justicia de México invalidó el jueves la prisión preventiva de oficio para los delitos de defraudación fiscal, una política que había defendido por años el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte las acciones para combatir la corrupción.
El Pleno de la Suprema Corte declaró como inconstitucional la prisión preventiva para los delitos fiscales como la emisión, compra y venta de facturas falsas, la defraudación fiscal y el contrabando. Debido a que los juicios suelen llevar años en México, los jueces argumentaron que estar en prisión durante el juicio equivalía a estar sujeto a un castigo antes de ser condenado.
Es posible que los ministros de la Suprema Corte discutan la próxima semana la posibilidad de invalidar la prisión preventiva oficiosa para otros delitos.
Horas antes de la decisión López Obrador, quien es arduo defensor de la prisión preventiva de oficio, había exhortado a los ministros de la Suprema Corte a no proteger a los defraudadores fiscales.
“¿Cómo van a hacer los jueces, magistrados, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco, cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia?”¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia?”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.
En México existen dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o automática y la justificada, que es cuando el fiscal la solicita a un juez por considerar que un presunto criminal es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.
La prisión preventiva de oficio ha sido cuestionada por organismos internacionales, incluida las Naciones Unidas, que consideran que determinar de forma automática la detención de una persona va contra sus derechos humanos y sólo se debe aplicar cuando haya evidencias de peligro o fuga.
México no dispone de fianzas en efectivo ni de propiedades como en Estados Unidos. En cambio, para aquellos que son liberados antes del juicio, hay más de una docena de mecanismos destinados a garantizar que se presenten ante el tribunal, los cuales van desde dispositivos de vigilancia electrónica hasta la confiscación de pasaportes y controles periódicos.
En 2019, López Obrador impulsó una regulación que amplió a 16 la lista de los delitos que permiten la prisión preventiva de oficio mientras el sospechoso espera su juicio.
La política de prisión preventiva es especialmente delicada en un país donde los juicios se alargan durante años y sólo dos de cada diez acusados son declarados culpables. Esto significa que, de los 92.000 sospechosos que se calcula que están detenidos en espera de juicio -a menudo en las mismas celdas que peligrosos criminales -, unos 75.000 no serán condenados, aunque pasarán años en prisión.
