FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Durante años, a medida que Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el gobierno socialista de Venezuela, decenas de presuntos allegados corruptos han pasado por el sistema judicial de Estados Unidos, forjando acuerdos de culpabilidad para evitar largas sentencias de prisión y ahorrándole a los fiscales el trabajo de tener que demostrar sus acusaciones en la corte.
Pero no es el caso de Claudia Díaz.
Díaz, extesorera venezolana y enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, es la primera exfuncionaria de alto rango que disputa los cargos penales que se le imputan en Estados Unidos.
Su juicio ante jurado, que inició esta semana en el sur de Florida, será una prueba para la capacidad de los fiscales federales para hacer rendir cuentas a los llamados cleptócratas venezolanos por esquilmar a la nación sudamericana. En caso de que no sea declarada culpable, su caso alentaría a otros acusados, muchos de los cuales siguen prófugos, para que entablen su propia lucha, lo que socavaría una labor de una década por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos para investigar delitos que en gran medida tuvieron lugar en el extranjero.
“El gobierno va a estar bajo mucha presión”, comentó Jeffrey Neiman, un exfiscal federal estadounidense que ha representado a venezolanos acusados de delitos financieros. “Por primera vez, tendrán que probar más allá de toda duda razonable que la corrupción en Venezuela de la que hemos estado escuchando durante años realmente ocurrió”.
Díaz y su esposo Adrián Velásquez fueron acusados en 2020 de un cargo de lavado de dinero por presuntamente haber aceptado 4,2 millones de dólares en sobornos y regalos a cambio de que Díaz autorizara lucrativas transacciones de divisas. Los pagos fueron realizados por compañías controladas por otro acusado venezolano —el magnate prófugo de los medios de comunicación Raúl Gorrín— a cuentas en Miami supuestamente utilizadas para pagar el inexplicable y lujoso estilo de vida de la pareja.
El caso del gobierno se sustenta en gran medida en el testimonio del predecesor de Díaz como tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, que subió al estrado el martes por segundo día consecutivo.
Al igual que Díaz, Andrade, un exoficial de seguridad presidencial, aprovechó una relación personal con Chávez para ascender en el ejército y en el Estado venezolano, amasando una enorme fortuna casi de la noche a la mañana.
En 2021 fue dejado en libertad tras purgar menos de la mitad de una condena de 10 años por su papel en una gigantesca trama para desviar millones de dólares de las arcas del Estado. Como parte de su acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, le fueron confiscados más de 260 millones de dólares en efectivo y otros bienes, entre ellos una mansión frente al mar en Palm Beach, lujosos vehículos, caballos y varios relojes Rolex y Hublot.
A cambio de su cooperación, le concedieron una visa especial que le permite permanecer en Estados Unidos.
En el interrogatorio del martes, Andrade explicó cómo concertó un acuerdo con Gorrín y otras personas para repartirse las ganancias de transacciones falsas en las que aprovechaban los estrictos controles monetarios.
Las transacciones permitieron a cambistas privilegiados usar bolívares para comprar activos denominados en dólares emitidos por Venezuela a un tipo de cambio oficial sobrevaluado. Los instrumentos financieros eran revendidos después en el mercado negro a venezolanos desesperados que buscaban proteger sus ingresos y ahorros frente al desplome del bolívar y la enorme inflación.
A cambio de avalar las transacciones falsas, Gorrín y otros cubrirían los gastos de Andrade, que incluían desde un pago de 40.000 dólares a una exnovia, hasta un sistema de seguridad de alta tecnología para una casa en Caracas y una factura de 14.000 dólares por el cuidado veterinario de sus caballos.
Dichas transacciones continuaron cuando Díaz lo sustituyó en la Tesorería, según testificó Andrade, que recordó una sola conversación telefónica con Díaz en la que consolidó los detalles del acuerdo impulsado por Gorrín.
Durante su testimonio, Andrade parecía a veces incapaz de explicar sus acciones. Mediante un traductor y con voz lenta y meticulosa, Andrade tuvo problemas para recordar los nombres de las compañías que le canalizaron millones de dólares en sobornos, los pagos que supuestamente concertó a nombre del cónyuge de Díaz e incluso el año en el que renunció como tesorero nacional de Venezuela.
Andrade reconoció asimismo haber tenido comunicación mínima con Díaz, no presentó registro escrito de los sobornos pagados a ella ni el acuerdo que supuestamente prepararon para que la Tesorería continuara canalizando a Gorrín contratos de divisas extranjeras.
En el interrogatorio efectuado por el abogado defensor de Díaz, surgió que los contactos de Andrade con las autoridades policiales de Estados Unidos comenzaron en 2014, con agentes de la DEA.
Pero no fue sino hasta tres años después, cuando Andrade enfrentaba una sentencia máxima de 25 años de cárcel por sus delitos y el riesgo de que lo deportaran cuando saliera de prisión, que mencionó la implicación de Díaz, Velásquez y otras personas en casos de corrupción.
Neiman dijo que el caso del gobierno depende de que convenza al jurado de que los presuntos delitos se perpetraron en territorio estadounidense, un requisito para que las cortes estadounidenses tengan jurisdicción. Antes de su extradición, ni Díaz ni su marido habían estado en Estados Unidos en más de una década, habiéndose establecido en Madrid, España, después de que huyeran de su patria cuando el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, fue elegido en 2013 e instaló su propio cuadro de leales.
“La pregunta es: ¿por qué le importa a Estados Unidos?”, dijo Neiman.
___
Goodman está en Twitter como: @APJoshGoodman
