CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte de Justicia de México avaló el martes un acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la utilización de los militares en labores de seguridad pública hasta el 2024, en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias que sostienen que la política es violatoria de la constitución y representa la militarización del país.
Con esta decisión López Obrador logró un importante espaldarazo a la política de seguridad que ha aplicado durante su sexenio, que se ha sustentado en el uso de los militares para enfrentar a las organizaciones criminales, pese a que, según los analistas, no ha sido efectiva para contener la violencia en México.
El Congreso, controlado por el oficialismo, amplió el mes pasado hasta el 2028 la permanencia de los militares en las calles, por la vía de una reforma constitucional, entre críticas de opositores y organizaciones humanitarias que anunciaron que presentarían acciones legales contra la reforma. Con el aval otorgado por la Suprema Corte es muy posible que esas demandas no prosperen.
Ocho de los once ministros de la Suprema Corte respaldaron el martes el acuerdo presidencial de mayo de 2020 alegando que “no vulnera el principio de división de poderes”, tal como planteaba la controversia legal que presentó ese año la presidenta de la Cámara de Diputados de ese entonces, Laura Rojas.
El máximo tribunal dijo en un comunicado que “la participación de la fuerza armada en funciones de seguridad pública no es una decisión unilateral del Presidente de la República, sino que emana directamente de la Constitución”.
Al defender su voto, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que no se estaba discutiendo la militarización, sino si el Ejecutivo estaba cumpliendo con la ruta legal establecida por el constituyente, en la reforma constitucional del 2019, para dar por terminada con la participación de la fuerza armada en tareas de seguridad pública.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó la decisión de la Suprema Corte y dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que se “perdió una oportunidad para que el Poder Judicial actúe como contrapeso ante la militarización en el país ”.
Durante los 17 años que las fuerzas armadas mexicanas han cumplido labores de seguridad públicas se han visto involucradas en numerosos casos de violaciones de derechos humanos, lo que ha llevado a diferentes dependencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias a exhortar al gobierno mexicano a regresar a los militares a los cuarteles.
López Obrador, quien antes de llegar al poder había defendido que los militares debían retornar a los cuarteles, cambió en los últimos meses de posición alegando que se requería que las fuerzas armadas continuaran en labores de seguridad pública para hacer frente a las organizaciones criminales que mantienen azotadas para varias regiones de México.
Durante su mandato, que se inició en el 2018, el gobernante ha encargado a las fuerzas armadas varios proyectos no relacionados con su labor castrense, como construir un nuevo aeropuerto y un tren turístico.
