CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron el jueves un “grave retroceso” en el proceso penal que se sigue en un juzgado en Guatemala contra expolicías, exmilitares y civiles por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en el país centroamericano.
Se trata del llamado Diario Militar, uno de los casos más emblemáticos de crímenes de guerra documentados durante los años 1983 y 1985, los años más crueles de la guerra en Guatemala. El dossier documentó la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, homicidio y violencia sexual contra al menos 180 personas pero tres decisiones del mes de noviembre suponen un revés al progreso del caso.
Las organizaciones que ponen en evidencia y denuncian el retroceso judicial son la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin America Working Group (LAWG), la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
La concesión de beneficios a dos implicados y la persecución hasta forzar el exilio de uno de los jueces que procesó a los responsables del caso son los puntos denunciados en una carta firmada por las organizaciones.
El primer punto es la renuncia y exilio del juez Miguel Ángel Gálvez, el pasado 15 de noviembre, quien salió del país amenazado y hostigado por sus fallos contra delitos de lesa humanidad y corrupción. Gálvez ligó a proceso a nueve exmilitares y expolicías y un civil acusados en este caso.
Gálvez es reconocido por haber procesado y enviado a prisión al exdictador fallecido José Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio. También al expresidente y general Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo señalado de actos de corrupción y que permanece en prisión a la espera de condena o absolución en una de las acusaciones en sus contra.
El segundo es consecuencia del primero. Una jueza decidió sacar de prisión y conceder arresto domiciliario a Toribio Acevedo, un civil vinculado al sector empresarial, que habría participado de los hechos, que estuvo prófugo durante un año y que fue detenido en mayo en Panamá cuando huía de la justicia.
Gálvez había ligado al proceso a Acevedo por delitos contra deberes de humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa, pero después de que el juez se apartara del expediente judicial, el caso pasó a manos de Claudette Domínguez quién resolvió hace cuatro días a favor del procesado.
“La juez ignora que la ley expresamente prohíbe dictar medidas sustitutivas a personas acusadas de asesinato y desconoce el peligro de fuga y de obstaculización para conocer la verdad”, dicen las organizaciones.
El tercero es el amparo emitido el 14 de noviembre por una Sala de Apelaciones a favor del coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez, otro de los procesados, para que el juez que esté a cargo de la causa repita las audiencias de resolución final. La defensa del militar había planteado violaciones al debido proceso y la nueva sala tiene en su mano desestimar la acusación contra Salán Sánchez y eso podría beneficiar también a los otros acusados que ya fueron enviados a juicio.
“Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra grave preocupación ante lo que parece un intento deliberado de desmantelar el caso conocido como el ‘Dossier de la Muerte’ o ‘Diario Militar’, impulsado desde hace años por víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, denunciaron en un comunicado de prensa.
También les preocupa la "evidente cooptación del sistema de justicia en Guatemala y los intentos de desmantelar casos de justicia transicional”. Llamaron al Estado a cumplir sus obligaciones internacionales.
En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en este caso y le ordenó investigar, procesar y castigar a los responsables.
Guatemala vivió una guerra durante 36 años que, según un informe sobre la verdad realizado por Naciones Unidas, le costó la vida a unas 200.000 personas y otras 45.000 fueron desaparecidas. Según el informe el 97% de las víctimas murieron a manos de militares y paramilitares el otro 3% a manos de la guerrilla izquierdista.
