MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El 25 de octubre de 2020, junto con su esposo, Piotr Wielgus, Scheuring-Wielgus llevó una pancarta en una iglesia de Torun, en el centro de Polonia, que decía "Mujer, puedes decidir por ti misma" para protestar contra un fallo del Tribunal Constitucional que básicamente eliminó el acceso al aborto legal en Polonia.
En diciembre de 2020, el fiscal general, Zbigniew Ziobro, inició una moción para despojar a Scheuring-Wielgus de su inmunidad legal parlamentaria por la protesta, que culminó con éxito el pasado 20 de noviembre.
Finalmente, el pasado martes, la Fiscalía de Torun acusó a la diputada del partido de izquierda Lewica, ya sin inmunidad, de "ofender los sentimientos religiosos" e "interferencia maliciosa en el culto religioso". Cada delito conlleva una pena de hasta dos años de prisión. Ella se declaró inocente. Su marido, acusado de los mismos cargos, ha sido absuelto.
La investigadora de HRW, Hillary Margolis, ha denunciado que "la imputación contra una diputada por una protesta pacífica es una escalada innegablemente alarmante en los esfuerzos del Gobierno polaco para criminalizar no solo el aborto sino a cualquiera que apoye abiertamente los derechos reproductivos.
HRW recuerda que el aborto ahora solo está permitido en Polonia para salvaguardar la vida o la salud de una mujer o si el embarazo es el resultado de un delito, como una violación o un incesto.
No obstante, en la práctica, múltiples barreras hacen que sea casi imposible que las personas que puedan pedir un aborto legal acaben obteniéndolo, de acuerdo con la organización.
"La evidencia demuestra consistentemente que las leyes que restringen o criminalizan el aborto no lo eliminan, sino que impulsan a las personas a buscar el aborto a través de medios que pueden poner en riesgo su salud mental y física y disminuir su autonomía y dignidad", lamenta la ONG.
El Gobierno polaco debe retirar los cargos falsos contra Scheuring-Wielgus y otros activistas por los derechos de las mujeres y LGBT, y revertir el rumbo para garantizar el acceso al aborto legal y seguro y otros servicios esenciales de salud reproductiva, señaló Human Rights Watch.
