Un tribunal dictará este 6 de diciembre sentencia del juicio en el que la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está acusada de haber liderado una organización delictiva que direccionó obras públicas a un empresario allegado durante su presidencia. Eso acarrearía una condena de hasta 12 años de cárcel.
La sede de los tribunales federales de Buenos Aires amaneció rodeada de un fuerte vallado y de policías para evitar posibles desmanes de simpatizantes de la exmandataria (2007-2015), mismos que anunciaron que se movilizarán hasta allí para darle su respaldo en caso de que sea condenada.
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Durante la última audiencia virtual del juicio que comenzó en el 2019, el Tribunal Federal dará a conocer su veredicto alrededor de las 2000 GMT y en medio de una enorme expectación.
La exmandataria está acusada de ser la jefa de una “asociación ilícita” y de administración fraudulenta (defraudación al Estado) por mil millones de dólares.
El tribunal también dará a conocer su veredicto para otros 12 acusados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, acusado de haber sido beneficiado con 51 obras financiadas con fondos públicos, y el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
Este es el primer juicio a Fernández de Kirchner y el primer pedido de condena al que se enfrenta. Otras investigaciones judiciales fueron cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas.
Una condena de cárcel para la dirigente peronista tendría un fuerte impacto, ya que es la primera vez que un vicepresidente argentino sería condenado estando en funciones. También porque es la figura política más relevante de los últimos 20 años.
Sin embargo, no conllevará su arresto inmediato, porque puede apelar la sentencia ante distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema (que tendrá la última palabra) en un proceso que puede prolongarse varios años.
Los fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que la empresa de Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante la asignación irregular de obras públicas y que cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner desapareció. También afirmaron que varios proyectos viales registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron.
Señalaron que este esquema corrupción, "el mayor que se haya conocido en el país”, también estuvo vigente durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), marido y antecesor de la vicepresidenta y quien falleció tres años después de dejar el poder.
Fernández de Kirchner negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio y de actuar como un “pelotón de fusilamiento”.
La exmandataria afirma que las imputaciones no tienen sustento jurídico y sostiene que “las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución”. Asimismo, afirma que ninguna de las obras investigadas resultó improductiva o innecesaria.
La dirigente centroizquierdista se considera una perseguida de sectores judiciales confabulados con su sucesor en el poder, el expresidente, Mauricio Macri (2015-2019), para apartarla de la escena política y proscribir al kirchnerismo.
En caso de ser condenada, la ley no impide a Fernández de Kirchner postularse a cargos públicos hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie de manera definitiva.
