El gobierno de Honduras publicó un decreto legislativo que da vigencia a un estado de excepción parcial ordenado por la presidenta, Xiomara Castro. La medida va enfocada a controlar a las pandillas tras el repunte de delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.
El estado de excepción es específicamente para 89 barrios, colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, las principales ciudades del país, y en las que se registran más delitos achacados a la acción de las pandillas, tal como la Mara Salvatrucha MS-13 y barrio 18. La medida estará en vigencia durante un mes.
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Honduras también informó que el motivo por el que se daba el estado de emergencia en seguridad era por el repunte de extorsiones en el transporte hace 10 días.
El decreto de excepción entró en vigencia de forma inmediata y rige hasta el 6 de enero del 2023. Luego de que fue publicado en el diario oficial, “La Gaceta”. A su término, el Congreso Nacional podrá modificarlo y ampliarlo.
En sus argumentos, el decreto incluye “la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas”.
Asimismo, menciona que la consumación de “delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros”, por parte de esos grupos respalda la suspensión de “garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99”.
Esos artículos se refieren a libertades personales, libertades de asociación y reunión, la libre circulación de las personas, la legalidad de los arrestos y los allanamientos.
El comisionado de la Policía Nacional en condición de retiro y analista, Leandro Osorio, dijo que es un plan de control social en el que la policía, aparte de tomar medidas de prevención, realizará acciones represivas.
“La intención es penetrar esas estructuras criminales para llegar a los cabecillas (jefes), y es importante perfilar tanto a menores infractores, como a personas que delinquen de manera regular con estructuras criminales y de forma independiente”.
— Leandro Osorio
A criterio del exjefe policial, el control a través de esa estrategia no será fácil, y deberá ser un trabajo en el que se involucre todo el sistema de justicia, toda la administración pública y operadores de telecomunicaciones para controlar las llamadas telefónicas extorsivas.
De su lado, el analista en materia de seguridad, Raúl Pineda Alvarado, comentó que la estrategia del gobierno de Honduras en nada se parece a las acciones tomadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
Detalló que en El Salvador, se estableció un proyecto autoritario a través del denominado plan de control territorial. A su criterio, esa estrategia dio resultados.
Cita que en cuatro meses, El Salvador tiene 0.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. En contraste, apunta que honduras mantiene esa cifra en 37, siendo el país con mayor número de crímenes en Centroamérica.
“Lo que se ha aplicado en Honduras es un remedo, una acción que carece en cantidades mínimas de las cualidades a un proyecto que, si bien es cierto, es autoritario, ha demostrado su eficacia y donde el Gobierno de El Salvador ha invertido una cantidad muy fuerte de recursos”.
— Pineda Alvarado
Honduras recrudeció su estrategia de seguridad, debido a un repunte del cobro de extorsión en el sector transporte y en negocios por parte de las pandillas MS-13, barrio 18 y otras estructuras criminales, así como al incremento de los homicidios y los secuestros.
