MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los principales defensores de este proyecto, pero los expertos consideran que el Gobierno debe adoptar "medidas adicionales" que garanticen en última instancia el respeto de los Derechos Humanos y el medio ambiente.
Alertan de las amenazas y los ataques de los que son víctimas quienes impugnan esta iniciativa, así como el limitado acceso a una justicia independiente e imparcial, en un contexto especialmente problemático porque se trata de un proyecto elevado a categoría de seguridad nacional.
Este cambio de estatus permite derogar ciertas salvaguardas, pero para los expertos no puede hacer que México eluda su "obligación" de "respetar, proteger y cumplir los Derechos Humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales".
Esta decisión, han advertido, "no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los Derechos Humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados".
La presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, Fernanda Hopenhaym, ha expresado igualmente su "gran preocupación" por "la creciente participación del Ejército en la construcción y gestión del proyecto", envuelto en polémica desde su concepción.
Entre las peticiones planteadas por estos relatores figura la necesidad de que las comunidades afectadas participen de forma significativa, así como que toda evaluación sobre los posibles efectos del Tren Maya se elabore y se publique de manera clara.
"Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y deben evaluarse de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales", han subrayado los firmantes.
MENSAJE A LAS EMPRESAS
El mensaje de los relatores se extiende también a la participación de las empresas, a las que instan a tener en cuenta todas las derivadas de un proyecto que acarrea costes de unos 20.000 millones de dólares.
Consideran que "las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya".
