CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un tribunal encontró culpable de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Les impuso una condena de 16 años en prisión y una multa de poco más de un millón de dólares.
El caso fue uno de los más emblemáticos de la extinta comisión contra la impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala y obligó a Pérez Molina a renunciar al cargo en 2015 antes de finalizar su período. Desde entonces ha estado preso.
El expresidente enfrentaba tres cargos por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y por enriquecimiento ilícito. El tribunal absolvió a Pérez Molina y a la exvicepresidenta de este último, aludiendo que la fiscalía no había probado cómo se incrementó el patrimonio de los acusados, pero los encontró culpables de haber liderado la estructura que defraudó al Estado.
Además de los dos condenados otros 16 integrantes de la estructura entre particulares y ex empleados aduaneros fueron condenados a penas entre 7 y 13 años de prisión.
Al conocer el pronunciamiento judicial condenatorio, el expresidente negó los hechos y se mostró contrariado con la decisión.
“Es mentira. Nunca nadie dice que yo haya dado una orden ilegal y nunca la di, nunca dicen que a mi me entregaron dinero. Me siento decepcionado y frustrado”, dijo Pérez Molina a periodistas en un intermedio de la audiencia judicial en su contra por corrupción.
El caso, llamado “La línea”, fue una investigación conjunta de la entonces Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Se trata de una estructura que defraudaba al Estado a través de tres aduanas y que según los investigadores hacía “descuentos” a los importadores para que pagaran menos impuestos a cambio de sobornos.
Pérez Molina, de 72 años, así como los casi 30 acusados han dicho que son inocentes de los cargos de asociación ilícita, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito que les imputan.
En un intermedio de la audiencia dijo a periodistas que se va a probar que le habrían fabricado un caso. “Yo soy inocente”, dijo. Al cuestionarlo sobre su futuro mencionó que aún no ha resuelto sus problemas legales ya que hay otros casos pendientes.
Durante 8 horas las juezas del tribunal integrado por Janeth Valdés, Katty Sarceño y Marling González expusieron el caso, en el que la presidenta Valdés aprovechó para arremeter contra la Comisión de la ONU diciendo que había hecho un trabajo deficiente y que en el país “no necesitamos de extranjeros que vinieran a hacer el trabajo”, Después, dio valor a la investigación que ese ente realizó.
En abril de 2015 miles de ciudadanos guatemaltecos salieron a las calles a protestar indignados por los supuestos actos de corrupción que involucraban a todo el gabinete. Las protestas pacíficas llevaron a la renuncia de los funcionarios.
En mayo de ese año la vicepresidenta Roxana Baldetti fue la primera en renunciar al cargo por el caso “La Línea”, por el que está acusada. La exfuncionaria ha sido condenada por otros casos de corrupción y Estados Unidos ha solicitado su extradición para juzgarla por presunto narcotráfico.
Pérez Molina estuvo a cargo de gobierno durante meses entre críticas y acusaciones. El 2 de septiembre, en su tercer año de gobierno, cedió a la presión popular y renunció junto a su gabinete.
La Fiscalía había aportado no sólo pruebas documentales de la defraudación sino también testimonios de testigos protegidos, colaboradores eficaces y escuchas telefónicas en las que se hablaba de la repartición de lo defraudado.
En allanamientos que ordenó la Fiscalía se incautaron computadoras que contenían cuadros de distribución de lo defraudado y que en parte era entregado a Pérez Molina y Baldetti.
Pérez Molina ha estado en prisión desde 2015, con algunas excepciones y permisos para salir. El fallo se demoró por la gran cantidad de personas que son parte del proceso y que han presentado peticiones a los tribunales.
El exmandatario también está acusado en otros dos casos de corrupción que aún no han llegado a juicio.
La CICIG era un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años desarticuló más de 60 estructuras del crimen organizado y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco y llegó a su fin en 2019 tras la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de no renovar su mandato.
Tras la salida de la CICIG de Guatemala gran parte de los casos que investigó se revirtieron y los acusados de corrupción fueron puestos en libertad o liberados de los cargos. El fiscal que dirigió las investigaciones, Juan Francisco Sandoval, y el juez Miguel Ángel Gálvez que los envió a juicio, debieron exiliarse tras denunciar persecución por su trabajo contra la corrupción.
