MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El bebé, que sufre un problema cardiaco, permanece ingresado en un hospital de Auckland. Ante los recelos de los padres al tratamiento que necesita de forma urgente, los servicios sanitarios solicitaron la intervención de los tribunales, que finalmente han fallado en contra de la familia.
Así, han considerado que el Estado es quien tiene que hacerse cargo del menor con efecto inmediato y hasta que finalice no sólo la operación, sino también el postoperatorio. Sí estipula que los padres deberán estar informados en todo momento de la evolución médica de su hijo, según la televisión pública neozelandesa.
El abogado de la agencia de salud pública ha insistido en que la "supervivencia" del bebé depende de esta medida y ha apuntado que el criterio de los padres va totalmente en contra de la opinión de los profesionales. También ha apuntado que la madre había dado el visto bueno al uso del banco de sangre para otra cirugía previa.
Sin embargo, la abogada de la familia ha llamado a no volver a jugar "a la ruleta de la sangre" y ha defendido que los padres han reunido a una treintena de donantes que no habían recibido la vacuna contra la COVID-19 y que se ofrecían a colaborar en la operación. Unas 200 personas se han concentrado a las afueras del tribunal para dar su apoyo a los padres.
