MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Los manifestantes son afiliados de la Confederacion Coreana de Sindicatos del Comercio, quienes justificaron la suspension de la huelga como una medida por el bien de los empleados, informa la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.
"La lucha ha acabado en paisa para proteger a la inestable industria que es la logística, y para minimizar el daño provocado a los trabajadores, según el líder sindical Lee Bong Joo, en relación a la orden emitida por el Gobierno para volver al trabajo, cuyo rechazo podría haber desembocado en fuertes multas.
Tras conocer la nueva orden, el Sindicato de Solidaridad de Camioneros de Carga decidió realizar el viernes una votación que se saldó con casi el 62 por ciento de votos a favor del fin del parón. Previamente, la sección sindical del puerto de Busan, uno de los más importantes del país, ya había decidido suspender la huelga sin votación mediante.
Las órdenes del Gobierno surcoreano, que se ha visto obligado por primera vez a recurrir a esta normativa desde la promulgación de la correspondiente ley de 2004, han contado con el respaldo del opositor Partido Democrático.
Sin embargo, y según relata la agencia oficial de noticias Yonhap, algunos camioneros han lamentado la existencia de una normativa que consideran como anticonstitucional: la ley prohíbe hacer huelga sin motivos justificados, pero nunca aclara qué razones podría aceptar como válidas.
De hecho, asociaciones laborales del país han pedido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que revise si la orden del Gobierno viola los derechos básicos de los empleados. El Ministerio de Empleo y Trabajo ha confirmado que la agencia de Naciones Unidas envió una carta a nombre de Corinne Vargha, su directora de normas laborales internacionales, solicitando que el gobierno de Corea del Sur aclare su postura sobre la disputa.
La segunda huelga de transportes en menos de seis meses, tras la declarada por los camioneros de transporte de cemento, ha costado al Gobierno surcoreano unos 2.600 millones de dólares (unos 2.400 millones de euros).
Los convocantes exigían una prórroga indefinida del llamado Sistema de Tarifas de Fletes para el Transporte de Carga Seguro, que garantiza salarios mínimos, cruciales para la seguridad y la estabilidad financiera frente a aumento de los precios del combustible.
