CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno federal mexicano desmanteló un enorme campamento de migrantes ubicado en el sur del país, en un remoto pueblo del estado de Oaxaca, por donde han pasado cerca de 150.000 personas que obtuvieron documentos de tránsito temporales con los que, en su mayoría, continuaron viaje hacia la frontera con Estados Unidos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó el cierre de sus instalaciones temporales en la localidad de San Pedro Tapanatepec en un comunicado el lunes por la noche en el que no explicó los motivos de la medida. La nota de prensa sólo indicó que se continuará apoyando a los migrantes en “otras instalaciones” que no especificó.
El campamento, situado en la parte más estrecha del sur de México y que se abrió a fines de julio de forma tan intempestiva como ha sido cerrado ahora, tenía como objetivo descongestionar de migrantes la ciudad de Tapachula, puerta de entrada de la frontera sur, facilitando permisos de tránsito ante las continuas protestas de los migrantes en ese lugar.
En su momento más álgido unas 15.000 personas se acumularon en cinco grandes carpas instaladas en las afueras de Tapanatepec donde durante 134 días hubo un constante trasiego de migrantes: unos que llegaban y otros que salían después de varios días ya con sus documentos.
La mayoría eran venezolanos y nicaragüenses, muchos de los cuales habían sido remitidos a ese lugar por las propias autoridades al llegar a territorio mexicano.
Según datos del gobierno federal, a principios de noviembre habían pasado por ahí más de 135.000 migrantes, 50.000 de ellos sólo en octubre.
Las cifras oficiales de noviembre y diciembre todavía no han sido publicadas pero, según explicaron funcionarios locales y la organización no gubernamental Médicos sin Fronteras (MSF) —presente en el municipio— , la emisión de documentos no paró y las gestiones se agilizaron mucho a partir del pasado jueves.
“Lo que observamos es que el número de personal de migración aumentó, la velocidad del trámite aumentó muchísimo y el mismo día (los migrantes) ya se podían ir” con sus documentos, dijo vía telefónica a The Associated Press, Helmer Charris, responsable de las actividades de MSF en el municipio.
La organización mantenía el martes sus consultas médicas para migrantes que permanecían en el pueblo, entre un millar y 3.000, según a quién se pregunte.
En la localidad había efectivos de la Guardia Nacional, el ejército y la policía que intentaron dispersar a los migrantes de forma pacífica, explicó Charris. Los extranjeros estaban “bastante tensos, bastante frustrados porque no saben qué hacer, no pueden comprar boletos”, agregó.
Desde el ayuntamiento coincidían en que faltó información. Modesto Martínez, secretario municipal, dijo a AP que las autoridades migratorias sólo les dijeron que se retiraban. “La gente se quedó varada a la espera de información, pero no la hubo y muchos avanzaron sin permiso, a la deriva”, agregó.
El municipio ya había solicitado al gobierno federal el cierre de las instalaciones porque no daban abasto para atender a los migrantes.
Las autoridades migratorias comenzaron a dar este tipo de documentos a mediados de año como una forma de disolver a los grupos que salían caminando de Tapachula. La mayoría estaban conformados por venezolanos, una nacionalidad difícil de retornar a su país, tanto desde México —que solo puede hacerlo con acuerdos puntuales con Caracas— como desde Estados Unidos —que no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro—.
Los permisos — similares a los que dan a los turistas en los aeropuertos— permitían a los migrantes cruzar México.
A medidos de octubre, Estados Unidos lanzó un plan para, por un lado, otorgar visas temporales a 24.000 venezolanos que entraran vía aérea pero, por otro, comenzó a expulsar de regreso a México a los que llegaban por tierra.
Más o menos en ese momento, en los permisos expedidos en Tapanatepec estamparon un sello que decía que el documento solo era válido en ese estado, una leyenda extraña para un permiso de tránsito expedido en un estado no fronterizo, como Oaxaca.
Esos documentos se siguieron emitiendo hasta la semana pasada.
El cierre del campamento llega cuando Estados Unidos se prepara para la posible eliminación —por orden judicial— de una restricción al asilo impuesta por el expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia.
Suprimir esa medida, que está litigada en los tribunales e implica expulsiones expeditas en la frontera mexico-estadounidenses, podría generar un efecto llamada por mucho que desde la adminsitración de Joe Biden se insista en el mensaje a los migrantes de no cruzar ilegalmente porque serán retornados.
Mientras tanto, Tapachula se mantiene como la principal ciudad en recibir solicitudes de asilo con el 64% de las más de 111.000 recibidas este año, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado.
Muchos de sus pobladores temen que al mantenerse la llegada de migrantes, la ciudad se vuelva a convertir en un tapón de creciente tensión.
