SAN JOSÉ (AP) — Costa Rica, uno de los países preferidos por la gente que huye de la persecución, está ajustando sus generosas leyes de asilo ante la sobrecarga que padece su sistema.
El presidente Rodrigo Chaves, que asumió en mayo, dice que los migrantes económicos abusan del sistema. Los cambios que decretó entraron en vigencia este mes.
El país centroamericano de 5 millones de habitantes fue el cuarto en el mundo, después de Estados Unidos, Alemania y México, en cuanto a la cantidad de pedidos de asilo el año pasado, de acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
Chaves advirtió sobre los cambios el mes pasado ante una oleada repentina de migrantes venezolanos que quedaron varados debido a un cambio en las normas estadounidenses, pero casi nueve de cada 10 solicitantes son nicaragüenses.
“La Dirección de Migración nos dice que el 90% o más de las personas no califican, entonces estamos permitiendo que la figura noble del refugio se esté abusando de parte de cientos de miles de personas, así de fácil”, dijo Chaves.
El presidente dijo que Costa Rica ha estado gastando 300 millones de dólares al año para atender a los solicitantes de asilo, lo que drena los recursos de salud y educación, y el apoyo internacional ha sido insuficiente.
La ONU dijo que su Organización Internacional para la Migración y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha desembolsado 94 millones de dólares desde 2018 para el sostén de los migrantes y solicitantes de asilo en Costa Rica.
Preguntado acerca del impacto de los cambios, el ACNUR en Costa Rica dijo que aún estudiaba las implicaciones legales de los cambios. Añadió que “el ACNUR aboga para que se utilicen los procedimientos internacionalmente reconocidos para que la autoridad competente evalúe caso por caso y tome decisiones justas, siguiendo el debido proceso y en pleno apego a los estándares internacionales y los derechos humanos de los solicitantes de la condición de refugiado”.
El éxodo desde la vecina Nicaragua, en medio de la represión brutal de las protestas de 2018, abrumó el sistema de asilo mucho antes de que los venezolanos se volvieran una presencia visible en las calles de San José.
En 2012, Costa Rica recibió apenas 900 solicitudes de asilo. En 2018, la cifra alcanzó casi los 28.000. Y a setiembre de este año era de 67.000.
En la actualidad hay más de 220.000 solicitudes pendientes de resolución.
