NACIONES UNIDAS (AP) — Una importante comisión de Naciones Unidas impidió nuevamente que la junta militar de Myanmar ocupe el puesto del país en el organismo, informaron dos diplomáticos informados sobre el asunto el miércoles.
La Comisión de Verificación de Poderes de la Asamblea General se reunió el lunes y aplazó una decisión en torno a la solicitud de la junta, señalaron los diplomáticos, que hablaron bajo condición de anonimato antes del anuncio formal que se prevé para los próximos días.
La decisión significa que Kyaw Moe Tun, quien era el embajador de Myanmar ante la ONU antes de que las fuerzas armadas derrocaran a la gobernante civil Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, permanecerá en el cargo.
Los gobernantes militares de Myanmar también fracasaron en diciembre del año pasado en su intento de reemplazar a Tun, quien sigue siendo simpatizante del gobierno anterior y del llamado Gobierno de Unidad Nacional, que está en contra de la junta.
Chris Gunness, director del Myanmar Accountability Project con sede en Londres, aplaudió la decisión de la comisión, diciendo que tiene un “gran significado diplomático y simbólico, en un momento en que los líderes del golpe ilegal intentan obtener reconocimiento internacional”.
Damian Lilly, funcionario del Accountability Project, instó a Naciones Unidas a garantizar que a Tun se le otorguen todos los derechos y privilegios de la ONU y que al Gobierno de Unidad Nacional “se le permita representar a Myanmar en todos los organismos de la ONU”.
“Actualmente existen inconsistencias flagrantes”, dijo, señalando el hecho de que Tun es miembro de la Asamblea General mientras que el puesto de Myanmar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está vacío.
Lilly añadió que la decisión de la Comisión de Verificación de Poderes “debe allanar el camino para resolver esas anomalías que privan a 55 millones de personas en Myanmar de la oportunidad de ser representadas en las Naciones Unidas por el gobierno al que eligieron por amplio margen en 2020”.
Suu Kyi, quien fue arrestada cuando la junta militar le arrebató el poder a su gobierno de elección popular, ha sido sentenciada a 26 años de cárcel y enfrenta otros cargos.
Grupos de derechos humanos y simpatizantes de Suu Kyi aseguran que los cargos en su contra tienen motivaciones políticas y son un intento por desacreditarla y legitimar la toma del poder por parte del ejército al tiempo que evitan su regreso a la política.
