CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el jueves al gobierno de Nicaragua a “liberar de inmediato a todos los detenidos” por razones políticas, y a iniciar “un diálogo nacional inclusivo” ante la grave crisis política que afecta al país desde 2018.
En una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, convocada para analizar la situación de Nicaragua, Türk actualizó un informe emitido en septiembre pasado, indicando que persiste el “deterioro” de las libertades públicas en el país. El gobierno de Daniel Ortega respondió calificando de “infame” al Consejo.
“Insto a las autoridades a que liberen de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente” y a que “vuelvan a incluir a quienes fueron excluidos en la esfera política y social”, dijo el alto comisionado.
También pidió al gobierno que se respeten enteramente las libertades fundamentales de expresión y de asociación, así como “entablar un diálogo nacional inclusivo, anclado en los derechos humanos”.
Türk destacó que su oficina está “dispuesta a trabajar” en esos temas con Managua y solicitó se permita el ingreso de su equipo al país. Ortega ha negado reiteradamente el acceso de organizaciones internacionales de derechos humanos a Nicaragua desde fines de 2018, incluyendo a un Grupo de Expertos de la ONU nombrado en marzo pasado para investigar denuncias de abusos y represión.
El gobierno nicaragüense rechazó el informe de Türk con un mensaje de la Procuradora de Derechos Humanos, Wendy Morales, que en un video pregrabado llamó “infame” al Consejo y lo acusó de ser “instrumento” de supuestas agresiones contra la administración sandinista.
En la sesión, defensores de derechos humanos nicaragüenses pidieron vía zoom la renovación del mandato del Grupo de Expertos de la ONU. Dijeron que las violaciones de derechos humanos “se agravaron” desde los comicios de noviembre pasado, cuando Ortega extendió su control partidario a todo el país, donde han sido cerradas 3.206 ONG y más de 55 medios de comunicación.
“Una nueva ola de represión se impuso en el marco de la mascarada de elecciones municipales, con al menos 30 nuevas detenciones arbitrarias”, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Denunció que en las cárceles de Nicaragua hay 239 presos políticos y que más de 15.000 personas se han exiliado desde 2018 a causa del “régimen de terror”. En los últimos días fueron acusados penalmente de supuesta “conspiración” y otros delitos el sociólogo Oscar René Vargas y el obispo católico de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien el gobierno impuso “casa por cárcel”.
La noche del miércoles, dos días después de la acusación penal contra el obispo Álvarez fueron acusados los periodistas Manuel Obando Cortedano, jefe de medios de la diócesis de Matagalpa, y Wilberto Artola Mejía, del canal digital TV Merced, de esa misma entidad.
Ambos comunicadores fueron arrestados por la policía el pasado domingo en Matagalpa, a 130 kilómetros al norte de la capital, pero el Ministerio Público no reveló los supuestos delitos atribuidos en su contra. Según la prensa local, Obando Cortedano dirigía las publicaciones digitales de la diócesis de Matagalpa en las que se reclamaba la liberación del obispo Álvarez.
El alto comisionado pidió a la comunidad internacional un “apoyo sostenido” a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses, muchas de las cuales trabajan desde el exilio, así como a las personas refugiadas “que se han visto obligadas a huir”.
Al referirse a las metas de desarrollo sostenible, Türk reconoció que el país ha hecho esfuerzos en temas como igualdad de género e inversiones en salud y educación, pero “necesita trabajar para cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos y en esto no ha progresado”.
Dijo que la ausencia de información oficial solicitada por el alto comisionado impide evaluar la situación del país y reiteró su invitación a Ortega a “colaborar” con su oficina para que se puedan "abrir canales de comunicación y cooperación” .
Türk se refirió también a las sanciones impuestas a Ortega por países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por violaciones de derechos humanos y corrupción. Dijo que hasta la fecha estas medidas se han dictado contra “algunos individuos e instituciones relacionadas con el gobierno”.
“No hay una sanción general o sectorial contra Nicaragua como país ni a su pueblo”, subrayó en alusión a quienes han pedido levantar las sanciones por considerarlas “contraproducentes”.
