QUITO (AP) — Autoridades judiciales y organismos civiles de Ecuador reclamaron el lunes evaluaciones y sanciones para jueces cuestionados por fallos irregulares y reformas e inversión para sanear al Poder Judicial, en crisis por la infiltración de la corrupción.
“No son todos los jueces del país… habemos (hay) jueces honestos”, aseguró el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, en declaraciones al canal Ecuavisa, pero reconoció que hay algunos magistrados que “manipulan la ley, se aprovechan de estos vacíos legales, de estas oscuridades de la norma y adoptan decisiones reñidas con el derecho”.
Saquicela consideró necesaria una reforma que endurezca los requisitos para el acceso a beneficios penitenciarios como la “prelibertad”, que permite a un sentenciado salir de la cárcel cuando ha cumplido el 40% de su condena.
Además sostuvo que se debe “evaluar estas actuaciones” por parte del Consejo de la Judicatura, el organismo que controla a los jueces, a los que llamó a “sancionar a quienes han tenido conductas irregulares”.
La reciente liberación de dos cabecillas de organizaciones delictivas, uno de los cuales volvió a ser detenido cometiendo actos ilícitos, y la de un alto líder de una banda del crimen organizado con más de dos sentencias que volvió a ser detenido por porte de armas en un confuso incidente, encendieron la polémica por la acción de los jueces.
Días atrás, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, manifestó durante un evento de iniciativas anticorrupción de las Naciones Unidas que “la corrupción deteriora la justicia porque los ciudadanos pierden la confianza en sus resoluciones”.
Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y quien estuvo presente en el mismo evento académico que el embajador estadounidense, aseguró que la legitimidad de la función judicial se afecta “cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos, matones o a sus testaferros".
En diálogo con The Associated Press, Rodas Chávez dijo que el diplomático “puso el dedo en la llaga sobre un problema estructural existente en el país” y que la CNA ha venido denunciando: “una justicia caotizada, corrompida, con jueces de alquiler”.
Rodas Chávez admitió que se trata de un problema estructural que viene de décadas atrás y afirmó que el Poder Legislativo debe subsanar “los vacíos legales que permiten interpretaciones antojadizas” por parte de los jueces que terminan en una “impunidad permanente”.
Días atrás el presidente Guillermo Lasso dijo en un mensaje a la nación que “en medio de la guerra contra el narcotráfico es importante que los jueces puedan discernir entre el bien y el mal” y advirtió que se expondrá ante la opinión pública a los magistrados que actúen de manera irregular.