JERUSALÉN (AP) — Majd Ramlawi estaba sirviendo café en el casco viejo de Jerusalén cuando recibió un aterrador mensaje en su celular.
“Se le ha identificado como participante en actos de violencia en la Mezquita de Al-Aqsa”, decía el mensaje en árabe. “Haremos que rinda cuentas”.
Ramlawi, que entonces tenía 19 años, fue uno de los cientos de personas que según abogados de derechos civiles recibieron ese mensaje el año pasado, en el apogeo de uno los periodos más turbulentos de la historia reciente en Tierra Santa. Muchos, como Ramlawi, dicen que sólo vivían o trabajaban en el vecindario y no tuvieron nada que ver con los disturbios. Lo que él no sabía es que la temida agencia de seguridad interna, el Shin Bet, estaba utilizando la tecnología masiva de monitoreo desplegada para rastrear contactos de coronavirus contra residentes y ciudadanos de Israel para fines sin ninguna relación con el COVID-19.
En la confusión de los primeros días de la pandemia, millones de personas en todo el mundo creyeron a los gobiernos que dijeron que necesitaban información confidencial para las nuevas herramientas tecnológicas que podrían frenar los contagios de coronavirus. A cambio, lo gobiernos tuvieron acceso a una enorme cantidad de datos privados de salud de la gente, imágenes de su rostro y direcciones.
Ahora, desde Beijing a Jerusalén y de Hyderabad, India, a Perth, Australia, The Associated Press ha descubierto que las autoridades emplearon estas tecnologías y datos para impedir desplazamientos de activistas y gente corriente, acosar a comunidades marginadas y asociar la información médica de la gente a otras herramientas de vigilancia y seguridad. En algunos casos, los datos se compartieron con agencias de espionaje.
La cuestión ha cobrado una nueva urgencia tras casi tres años de pandemia. Los estrictos protocolos de China contra el virus provocaron hace poco el mayor y más claro rechazo público al gobierno autoritario del país desde las protestas prodemocracia de la Plaza de Tiananmen en 1989.
Durante más de un año, periodistas de AP entrevistaron a fuentes y revisaron miles de documentos para seguir la pista de cómo tecnologías presentadas como herramientas para “frenar la curva” de los contagios se utilizaban para otros fines. Igual que el equilibrio entre la privacidad y la seguridad nacional cambió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, el COVID-19 ha permitido a las autoridades justificar la integración de herramientas de seguimiento en la sociedad que se han mantenido mucho después de los confinamientos.
Algunos de los hallazgos de AP:
-La agencia de seguridad israelí Shin Bet redirigió tecnología de seguimiento de celulares que había utilizado antes para seguir a milicianos en los territorios palestinos para rastrear contactos de enfermos de COVID-19. Después, en 2021, la agencia empezó a utilizar discretamente la misma tecnología para enviar mensajes amenazantes a residentes y ciudadanos árabes en Israel que la agencia sospechaba habían participado en choques violentos con la policía. Sin embargo, algunas de las personas que recibieron los mensajes simplemente vivían o trabajaban en la zona, o habían pasado por allí.
-En China, el último país grande que mantuvo estrictos confinamientos contra el COVID-19, los ciudadanos han tenido que instalar apps en sus celulares para moverse libremente por la mayoría de ciudades. Las apps, que recopilan datos de telecomunicaciones y resultados de pruebas PCR, producen códigos QR personales que cambian de verde a amarillo o rojo en función de la situación de salud de la persona. Ahora, con el levantamiento de las restricciones de la pandemia, hay pruebas de que los códigos de salud se han utilizado para sofocar la disidencia. Los ciudadanos que querían presentar quejas contra el gobierno encontraban de pronto que sus códigos pasaban a rojo aunque no hubieran dado positivo en COVID-19 ni hubieran estado cerca de personas infectadas.
-Ya en mayo de 2020 en India, el jefe de policía del estado de Telangana tuiteó sobre que su departamento emplearía un software basado en inteligencia artificial que emplearía las imágenes de cámaras de seguridad para identificar a las personas que no llevaran mascarillas.
S Q Masood, un activista social, es una de las personas a las que la policía dio el alto de forma aparentemente aleatoria en la zona de mayoría musulmana de Hyderabad el año pasado. Masood dijo que los agentes le pidieron que se quitara la mascarilla para poder hacerle una fotografía con una tableta. Ahora ha demandado a la policía para saber por qué.
Aunque las fuerzas de seguridad niegan haber empleado reconocimiento facial en el caso de Masood, la demanda sigue adelante y los expertos dicen que podría marcar un precedente para actuaciones policiales en el futuro.
-En Australia, la gente utilizaba apps en su celular para leer códigos QR en restaurantes, salas de conciertos y otros espacios públicos y registrar su presencia, de modo que pudieran contactar con ellos en caso de que se vinculara un brote de COVID-19 en un lugar que habían visitado. Pero en varios casos, las fuerzas de seguridad australiana aprovecharon los datos de QR estatales a modo de red electrónica de arrastre para investigar delitos. Eso ocurrió pese a las garantías del gobierno de que la información sólo se utilizaría para fomentar la salud pública.
-Finalmente en Estados Unidos, el gobierno federal empleó la pandemia como oportunidad para reforzar sus herramientas de vigilancia. En 2020 firmó dos contratos por 24,9 millones de dólares con la firma de vigilancia y minado de datos Palantir Technologies Inc. para respaldar la labor del Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).
Documentos a los que tuvo acceso el grupo de derechos de inmigrantes Just Futures Law dentro de una petición amparada por la Ley de libertad de información, y compartidos con AP, muestran que las autoridades federales consideraron integrar “datos identificables de pacientes” como información de salud mental, abuso de sustancias y problemas de conducta obtenida de hogares compartidos, albergues, cárceles, centros de desintoxicación y escuelas. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) no emplean ninguno de esos datos particulares en la plataforma que gestionan, indicó Kevin Griffis, vocero del departamento.
“Lo que hizo el COVID fue acelerar el empleo estatal de estas herramientas y datos y normalizarlo, de modo que encajaba en un mensaje sobre que había un beneficio público”, dijo John Scott-Railton, investigador experto del grupo de supervisión de internet Citizen lab, con sede en Toronto. “Ahora la pregunta es, ¿vamos a poder tener una reflexión sobre el uso de estos datos, o es esto la nueva normalidad?".
___
El ex reportero de video de AP Rishabh R. Jain contribuyó a este despacho desde Hyderabad, India. Los reporteros de AP Lori Hinnant en París; María Verza en Ciudad de México; Astrid Suarez en Bogotá, Colombia; Edna Tarigan en Yakarta, Indonesia; Tong-hyung Kim en Seúl, Corea del Sur, y Eileen Ng en Singapur, contribuyeron a este despacho. También Daria Litvinova y la jefa ya retirada de la oficina de Associated Press en Afganistán y Pakistán, Kathy Gannon, contribuyeron a este reporte. El subdirector de The Mail & Guardian Athandiwe Saba asistió desde Johannesburgo. Burke informó desde San Francisco; Federman desde Jerusalén; McGuirk desde Canberra, Australia; Pathi dese Hyderabad, India; y Wu desde Taipái, Taiwán.
___
Este reportaje se hizo en colaboración con el investigador Avani Yadav con apoyo del Laboratorio de Investigaciones del Centro de Derechos Humanos en la Universidad de California, Berkeley. Contó con apoyo parcial del Centro Pulitzer de Reportes de Crisis y el Laboratorio Starling para la Integridad Digital, cofundado por la Universidad del Sur de California y la Universidad de Stanford, donde Burke fue profesora de periodismo.
___
Garance Burke está en Twitter como @garanceburke. CPuede contactar con el equipo de investigación global de AP en Investigative@ap.org o https://www.ap.org/tips/
