Aurelia García consiguió su libertad después de tres años presa en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Iguala, Guerrero, donde permaneció acusada por homicidio en razón de parentesco por aborto, luego de quedar embarazada prodcuto de una violación y sufrir un aborto involuntario.
La mujer nahua originaria de la comunidad de Xochicalco, en Chilapa de Álvarez, fue puesta en libertad pasadas las 21:30 horas, luego de que la jueza Mariela Alfaro Zapata determinó que no había elementos suficientes para acreditar que hubiera cometido el delito que se le imputó y por el que fue condenada en julio de 2021.
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El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), quienes llevaron la representación legal de Aurelia, señalaron que la jueza Alfaro Zapata emitió una importante sentencia con perspectiva de género y enfoque intercultural que sienta un precedente para que las mujeres víctimas de violencia accedan efectivamente a la justicia.
“La determinación sobre su inocencia es una respuesta a la obligación que adquirió el estado de Guerrero después de declararse la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, en donde se comprometió a dejar de criminalizar a las mujeres guerrerenses y garantizarles una vida libre de violencia”.
— Señala el comunicado del IMDHD.
Durante el proceso la organización demostró violaciones en el debido proceso y falta de debida diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde su detención. Tras la liberación de la mujer indígena, el IMDHD indicó que se buscará la reparación del daño por parte del estado de Guerrero quien encarceló por tres años a Aurelia.
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El caso de Aurelia no es un hecho aislado, aún existen mujeres presas en el Cereso de Iguala y en el resto del país. En septiembre de 2021 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pidió revisar 432 carpetas de investigación abiertas por este tipo de delitos en 27 estados del país.
Asimismo, la asociación civil La Libres, sostuvo que , desde entonces, se tenía conocimiento de al menos 200 casos de mujeres presas por delitos como “homicidio agravado de un miembro de la familia” y “en razón de parentesco por aborto”.
En mayo el Congreso de Guerrero depenalizó el aborto. No obstante, a pesar de las sentencias de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no se criminalice el aborto, las mujeres siguen siendo castigadas por su derecho a decidir en México, sobre todo en regiones en las que apenas se comienzan a prohibir prácticas como los matrimonios forzados infantiles, como en La Montaña guerrernse.
