BUENOS AIRES (AP) — El conflicto entre el presidente argentino Alberto Fernández y la Corte Suprema de Justicia escaló un peldaño más a partir de un fallo resistido por el gobierno nacional que lo obliga a destinar a la ciudad de Buenos Aires un mayor volumen de fondos recaudados por el Fisco.
El mandatario anunció el jueves por la noche que instruyó a los órganos competentes del Estado para que pidan al máximo tribunal que revoque una resolución en la que dispone que el gobierno nacional debe destinar 2,95% del volumen de impuestos federales recaudados al de la capital.
Fernández, que cuenta con el apoyo de más de una docena de gobernadores de su mismo espacio político -el Peronismo- también ordenó la recusación de los magistrados de la Corte Suprema con vistas a apartarlos del expediente en el que fallaron a favor del gobierno capitalino, gobernado por uno de los partidos que integran la principal fuerza opositora.
El mandatario mantiene un frontal enfrentamiento con los magistrados de la Corte y considera que la justicia argentina no es parcial y necesita una reforma. Varias veces ha acusado al Poder Judicial de favorecer a la oposición, que tiene entre sus referentes al expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
Fernández considera que el fallo de la Corte es “político” de cara al 2023, cuando se celebrarán elecciones generales, y que es falso que no perjudique al conjunto de las provincias argentinas, ya que los recursos para el gobierno capitalino "saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas en todo el territorio de la Nación”.
La coalición Juntos por el Cambio, la mayor fuerza opositora, repudió por su lado “el atropello constante” del oficialismo a las instituciones y consideró que la actitud del presidente abre un “conflicto institucional y de poderes sin precedentes".
En esta causa de dos años de trámite, los cuatro jueces del máximo tribunal dictaron una medida cautelar que ordenó al gobierno nacional a que pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% del volumen de los llamados “fondos coparticipables”, en el marco de una agria disputa entre ambas administraciones por cuál es el monto que corresponde.
El tribunal indicó que el Estado Nacional se debe abstener de aplicar una ley de 2020 que estableció los montos actuales que gira el gobierno a la ciudad.
El gobierno capitalino había reclamado por la decisión de dos años atrás del Ejecutivo nacional de recortar los fondos girados, a raíz de una protesta de la policía de la provincia de Buenos Aires en reclamo de un incremento salarial.
Abogados constitucionalistas señalaron que ahora se abre una instancia en la que la Corte deberá resolver el pedido de revocatoria de su fallo, que muy probablemente rechazará. Eso dejaría su decisión firme y obligaría al gobierno nacional a acatarla, aunque podrá discutir la forma en que liberará los fondos.
