MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Jefe de Estado ecuatoriano ha explicado que esta decisión se toma "por inconstitucional e inconveniente" del proyecto, por lo que pasará al Tribunal Constitucional (CC) que, en 30 días, deberá pronunciarse a favor o no de la lectura del Ejecutivo, según ha informado 'El Telégrafo'.
En caso de que el Tribunal Constitucional falle a favor de la opinión del Gobierno sobre la derogatoria a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, no podrá ser tratada por el Parlamento en al menos un año.
Pasado este tiempo y para tratar de articular cualquier tipo de reforma nuevamente, la Asamblea necesitará el voto favorable de 92 del total de 137 asambleístas.
El Gobierno justifica la objeción por inconstitucionalidad, señalando que el proyecto derogatorio no fue presentado por el Ejecutivo y aduce, conforme al artículo 135 de la Constitución, que "solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país".
"Ante el obrar irresponsable del legislativo y en atención a la responsabilidad constitucional que la Función Ejecutiva ejerce sobre la Administración Pública, corresponde al colegislador actuar con responsabilidad y objetar totalmente este proyecto de ley", ha sostenido Lasso en un comunicado recogido por el citado diario.
Asimismo, Lasso ha subrayado que el Gobierno "asumió la economía nacional con un déficit fiscal superior a los 7.000 millones de dólares estadounidenses (6.500 millones de euros), lo que le obligó a "tomar medidas como el incremento impositivo".
