LA PAZ, Bolivia (AP) — La provincia de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, permanecía aislada del resto del país el lunes por los cortes de rutas que realizan autoridades locales y seguidores del gobernador Luis Fernando Camacho, arrestado por cargos de terrorismo.
Una masiva marcha tenía lugar en rechazo a los excesos de la policía y en reclamo de la libertad del líder opositor en el cuarto día de protestas. La ciudad estaba sin transporte público y con los comercios cerrados.
El encarcelamiento de Camacho en un penal de máxima seguridad en La Paz desató violentas protestas el viernes y sábado con la quema de oficinas públicas, el arresto de más de un centenar de manifestantes y decenas de heridos en esa región.
En el resto del país la situación era de calma.
“Vamos a seguir en las calles, las carreteras seguirán bloqueadas hasta lograr la libertad del gobernador y que se cumpla el debido proceso”, declaró Stello Cochamanidis, vicepresidente del poderoso Comité Cívico de Santa Cruz, que ha convocado las protestas.
Desde la cárcel en el altiplano Camacho escribió una carta en la que dijo que ha sido “secuestrado”, aseguró a sus seguidores que no se doblegará y responsabilizó al presidente Luis Arce de lo que pueda ocurrirle.
Camacho es investigado por las protestas que encabezó en 2019 después de que las elecciones generales fueron calificadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA). El entonces presidente Evo Morales, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, se vio obligado a dimitir tras masivas manifestaciones en todo el país que dejaron 37 fallecidos en 21 días de choques callejeros.
Morales ahora es jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), impulsor de las demandas penales en contra de más de un centenar de líderes opositores y militares que están encarcelados, entre ellos la presidenta interina Jeanine Áñez, quien como senadora asumió la presidencia.
Morales ha sido exonerado de toda investigación. Áñez fue condenada a 10 años de cárcel y enfrenta otros procesos. Ella y la oposición han denunciado una persecución política por parte del exmandatario y el uso de la justicia para castigar a los opositores. El gobierno ha respondido que sólo se busca hacer justicia y aseguró que respeta el debido proceso.
Los productores agropecuarios también se han sumado a las protestas y anunciaron que no enviarán alimentos al resto del país, dijo el dirigente del gremio Eliazer Arellano. Santa Cruz es el motor económico de Bolivia y el principal productor de alimentos.
Arce -heredero político de Morales- ha evitado hasta ahora referirse al arresto del líder opositor. Su ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, atribuyó los disturbios a “grupos irregulares” opositores de Santa Cruz.
El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a la “calma” y “moderación” de las partes.
Morales alega que fue víctima de un golpe de Estado de la derecha tras las elecciones de 2019. Pero la oposición sostiene que se trató de una rebelión popular ante el fraude y que todo ello derivó en una sucesión constitucional.
Arce ganó los comicios en 2020 con el apoyo del MAS.
