Francia Márquez, vicepresidenta colombiana, denunció el martes un intento de atentado en su contra con explosivos que fueron hallados por su equipo de seguridad y detonados de forma controlada.
Según un informe divulgado por Márquez en su cuenta de Twitter, fueron encontrados aproximadamente de siete a nueve kilogramos de explosivos instalados a un metro de la carretera que conduce a su residencia familiar en Yolombó, al suroeste del país.
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El equipo de seguridad reportó una bolsa de plástico envuelta en cinta color café que contenía nitrato de amonio, aluminio en polvo y metralla durante una inspección de seguridad previa a la visita que tenía Márquez planificada a la zona entre el 7 y el 9 de enero.
Al lugar acudió personal antiexplosivos de la policía que detectó el artefacto con ayuda de un perro experto en este tipo de sustancias y luego detonó la carga forma controlada.
Márquez es la primera líder social y afrodescendiente en llegar a la vicepresidencia en un país en el que defender los derechos de una comunidad puede costar la vida. Ha sobrevivido a múltiples amenazas por denunciar la minería ilegal en su territorio y a un atentado con una granada en 2019.
Tras denunciar el nuevo intento de atentado, Márquez aseguró que continuará trabajando hasta alcanzar la “paz total que sueña y necesita” Colombia, donde operan varios grupos armados pese a que el Estado firmó en 2016 un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
Las autoridades aún no da con los presuntos responsables del intento de atentado. En Cauca operan grupos ilegales como las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz y la guerrilla, Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía”, agregó la vicepresidenta.
Además de ser la segunda mandataria, Márquez será la cabeza del recién creado Ministerio de la Igualdad que busca articular esfuerzos para garantizar necesidades básicas como servicios públicos, educación o salud en un país que tiene al 39% de su población en situación de pobreza, según cifras oficiales.
