BOGOTÁ (AP) — Naciones Unidas alentó el miércoles los nuevos esfuerzos de búsqueda de paz del gobierno colombiano para abrir negociaciones con varios grupos armados, debido a que la violencia persiste en el país luego de seis años de la firma de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“El éxito a largo plazo del acuerdo de paz colombiano, que todos deseamos, depende de la capacidad de las autoridades colombianas para hacer frente a la violencia persistente, que constituye su mayor amenaza”, dijo Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, ante el Consejo de Seguridad reunido en Nueva York.
El Consejo de Seguridad revisa trimestralmente la situación del proceso de paz en el país latinoamericano. El último informe presentado abarca el período del 27 de septiembre al 26 de diciembre de 2022.
Aunque Massieu reconoció avances en la implementación del acuerdo en aspectos como la reforma rural y el sistema de justicia, lamentó que luego de más de seis años de firmado el acuerdo de paz con las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica, la violencia continúe especialmente contra comunidades, líderes sociales y excombatientes.
El informe señala que en 2022 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 101 asesinatos contra líderes sociales y otros 25 están en proceso de verificación. Entre las víctimas figuran ocho mujeres, 26 indígenas, 14 afrocolombianos y un líder LGBTI. En 2021 fueron verificados 100 asesinatos.
La embajadora Linda Thomas-Greenfield, representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, señaló que la violencia que persiste en Colombia sigue relacionada con la producción ilegal de drogas.
En 2021 los cultivos de coca llegaron al nivel histórico de 204.000 hectáreas sembradas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
“Las autoridades tienen que actuar y combatir la producción ilícita de drogas, es vital que los grupos ilegales rindan cuentas”, recalcó Thomas-Greenfield.
Más de 13.000 excombatientes de las FARC continúan en proceso de reincorporación a la vida civil y el 75% de ellos participan en iniciativas productivas. Sin embargo, la violencia es una amenaza constante y en 2022 fueron asesinados 50 excombatientes, cifra que supone una disminución del 7,4 % con respecto a 2021. Desde el 2016, cuando fue firmada la paz, 355 de ellos han sido asesinados.
“A medida que el Gobierno da pasos audaces para disminuir la violencia en el marco de su política de ‘paz total’ e implementa un nuevo enfoque de seguridad humana, se hace también necesaria la implementación coordinada de las disposiciones del acuerdo sobre garantías de seguridad”, recalcó Massieu.
El presidente Gustavo Petro —primero de tendencia izquierdista en la historia de Colombia y exguerrillero en su juventud— se ha propuesto dialogar con diferentes actores armados en su proyecto llamado “paz total” lo cual incluye una diversidad de grupos armados ilegales y narcotraficantes.
Desde noviembre de 2022 reanudó el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, considerada la última guerrilla activa después de que las FARC dejara las armas en 2016. Al iniciar el 2023, el gobierno acordó un cese al fuego bilateral de seis meses con dos disidencias de las FARC, las Autodefensas de la Sierra Nevada -herederas del paramilitarismo- y el cártel Clan del Golfo. La ONU, junto a la OEA, la estatal Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica, serán encargadas de verificarlo.
Massieu señaló que si el cese al fuego bilateral se diseña con cuidado y se efectúa con compromiso, la medida convenida con los armados podría ayudar a reducir significativamente la violencia en Colombia.
Durante la sesión, los representantes de Francia, Malta, Albania, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Brasil y Ecuador rechazaron el intento de atentado contra la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, quien denunció el martes el hallazgo de explosivos en una carretera que conducía a su residencia familiar. El artefacto fue detonado de manera controlada por la policía.
Márquez, en su primera intervención ante el Consejo de Seguridad como vicepresidenta de Colombia, agradeció la solidaridad expresada por los hechos de violencia en su contra.
Además, resaltó que el Consejo de Seguridad aprobase el miércoles la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia para supervisar la implementación de la reforma rural y el capítulo étnico, que hacen parte del acuerdo de paz con las extintas FARC.
“Esta votación unánime evidencia la importancia de este acuerdo para el mundo”, indicó Márquez. Como vocera del gobierno explicó que la “paz total” incluye un compromiso irrestricto por cumplir con los acuerdos de paz firmados con las FARC.
Agregó que en el centro del propósito gubernamental está resguardar a las comunidades que están en el medio del fuego cruzado por el accionar de los grupos armados.
“Instamos a Naciones Unidas a abrir sus puertas para un diálogo sincero, un nuevo camino que nos permita resolver la violencia sistemática en nuestro país”, dijo Márquez, quien invitó al Consejo de Seguridad a realizar una sesión en Colombia con el fin de respaldar desde el territorio la búsqueda de la paz.
