El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el viernes un proceso mediante el cual los trabajadores migrantes que sean testigos o víctimas de violaciones a los derechos laborales en su lugar de trabajo pueden solicitar protección para no ser deportados, una medida celebrada por los defensores de los derechos laborales que afirman que protegerá a los trabajadores migrantes que denuncien condiciones de trabajo abusivas.
El anuncio del viernes establece directrices en el sitio web de la agencia para que los solicitantes de protección conozcan qué documentación necesitan para presentar la solicitud y cómo proceder.
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“Los trabajadores a veces tienen miedo de denunciar violaciones a la ley por parte de empleadores explotadores, o de cooperar en investigaciones de normas laborales y de empleo, porque temen ser expulsados u otras represalias relacionadas con la inmigración por parte de un empleador abusivo”, señaló la dependencia en un boletín de prensa. “Las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes laborales y de empleo dependen de la cooperación de estos trabajadores para sus investigaciones”.
La agencia dijo que en el pasado ha podido utilizar la “autoridad discrecional” para considerar caso por caso las solicitudes para proteger de la deportación a los trabajadores que colaboran en investigaciones de carácter laboral.
Pero la nueva normativa crea un proceso “simplificado y acelerado” y un lugar centralizado donde pueden presentarse las solicitudes.
El nuevo proceso permite a los trabajadores migrantes solicitar la “acción diferida”; es decir, la protección para no ser deportados, si participan en una investigación de violaciones de los derechos laborales en el lugar de trabajo.
Como parte de la solicitud tendrían que presentar evidencias de una agencia de empleo o laboral que describan en qué consiste la investigación y por qué necesitan el apoyo del DHS. También tendrían que demostrar que trabajan en la empresa, así como presentar documentos que acrediten su identidad.
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Las solicitudes serían revisadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, una división del Departamento de Seguridad Nacional que gestiona las peticiones relacionadas con la inmigración y la ciudadanía.
Si reciben la aprobación, los trabajadores migrantes que cooperen con una investigación laboral pueden permanecer en el país durante dos años. También pueden solicitar autorización para trabajar de manera legal en el país durante ese tiempo.
Los sindicatos y los grupos defensores de los inmigrantes aplaudieron la noticia por considerarla una forma de proteger a los trabajadores inmigrantes de los empleadores que podrían utilizar su estatus migratorio para tomar represalias contra ellos por denunciar cosas como infracciones salariales o laborales.
“Como abogados de inmigración, hemos visto a muchos de nuestros clientes sufrir abusos en el lugar de trabajo que temían denunciar por miedo a las represalias de empleadores sin escrúpulos”, dijo Ann García, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración.
En un memorando de octubre de 2021, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la agencia consideraría las solicitudes de protección de acción diferida para los inmigrantes que ayuden en investigaciones laborales, pero no estableció una política detallada sobre cómo se haría. Desde entonces, señaló García, algunos abogados han presentado solicitudes en nombre de sus clientes, pero se consideraban caso por caso. “Era un proceso de conjeturas”, dijo.
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García, quien capacita a otros abogados sobre algunos aspectos de la legislación migratoria, indicó que ahora el proceso formal le permitirá ayudar más fácilmente a otros abogados a realizar trámites para sus clientes. Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y Departamentales, también celebró el anuncio.
“Los trabajadores inmigrantes son fundamentales para el éxito de nuestra economía; sin embargo, están entre los que sufren más explotación y abusos en el trabajo, y luego sufren aún más la intimidación y las represalias cuando defienden sus derechos”, dijo Appelbaum.
