SANTIAGO (AP) — El indulto del presidente Gabriel Boric a 13 condenados por delitos comunes desató la peor crisis del gobierno desde su llegada al poder hace 10 meses y originó una división en el oficialismo sobre cómo enfrentar la elección de los consejeros que escribirán un nuevo proyecto de constitución.
Boric anunció los indultos el 30 de diciembre y desde ese día se han multiplicado las críticas de la oposición derechista y de líderes oficialistas que desaprobaron el momento en que se dieron a conocer: a sólo días de que el gobierno y la disidencia firmaran un acuerdo para enfrentar el aumento de la violencia.
Una semana después Boric aceptó la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, porque “hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos”. Ríos enfrenta una acusación constitucional en el Congreso. También despidió a su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.
Doce de los indultados estaban condenados por delitos durante el estallido social de 2019 a penas de entre tres y 15 años de cárcel por homicidio frustrado contra un policía, incendio, porte y/o lanzamiento de bombas incendiarias y robo. Uno de ellos, Luis Castillo, tenía cinco condenas y 26 causas judiciales. El último perdonado fue José Mateluna, un exguerrillero convicto por un robo a un banco. Ya había sido indultado en 2006, cuando cumplía cadena perpetua por robo a un supermercado donde murió un guardia.
La vocera de gobierno, Camila Vallejo, declaró la semana última que los indultos se ajustan a la ley pero que no se cumplió el requisito del mandatario de excluir a quienes “tuviesen antecedentes complejos previos al estallido”. También admitió que si Boric hubiera tenido todos los datos “la situación habría sido distinta”.
