CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nombró el lunes al general Luis Rodríguez Bucio como nuevo número dos de la seguridad federal, un cambio que supone un ejemplo más de cómo los militares están avanzando en cargos y funciones que antes tenían los civiles.
Rodríguez Bucio dirigía hasta ahora a la Guardia Nacional, el cuerpo estrella creado en esta administración para combatir la inseguridad.
Cuando se creó la Guardia Nacional, se estableció en la Constitución que sería un cuerpo civil con el que dar seguridad al país porque, según el gobierno, estaría libre de corrupción. Entonces se ubicó bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que siempre ha estado en manos civiles. Su actual titular es Rosa Icela Rodríguez.
Sin embargo, cuatro años después, dicha secretaria no solo ya no controla a la Guardia Nacional, que pasó en 2021 a estar bajo mando del Ejército, sino que ahora tiene a un general como número dos del departamento.
Rodríguez Bucio sustituye a Ricardo Mejía, un político que lideró al inicio de la administración diálogos estatales con los que el gobierno intentaba buscar vías para pacificar el país —algo que no se ha conseguido— y que dejó el gobierno la semana pasada para aspirar a la gubernatura del norteño estado de Coahuila.
“Le tenemos al general Bucio toda la confianza", dijo López Obrador.
Durante su administración, los militares han ido asumiendo cada vez más labores, desde la lucha contra el narcotráfico, al control de aduanas, de los flujos migratorios, la construcción de grandes infraestructuras, o incluso el cultivo de árboles.
Además, se reformaron normas para que las fuerzas armadas puedan seguir colaborando en las labores de seguridad pública, algo que tanto Naciones Unidas como los colectivos de derechos humanos han criticado duramente por la falta de controles y transparencia que existen hacia los militares.
El presidente, sin embargo, insiste en que son mucho más confiables y menos corruptos que otros agentes de seguridad y que los abusos que han podido ocurrir —algunos muy graves, como su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur del país en 2014— son casos puntuales.
La más reciente asignación de la Guardia Nacional fue un enorme despliegue de 6.000 efectivos en el metro de la capital del país, en teoría, para evitar lo que las autoridades sugirieron que pueden ser actos de sabotaje contra ese sistema de transporte público que ha tenido accidentes de forma recurrente aparentemente por problemas técnicos.
