MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Fujimori, quien tiene otras causas abiertas por financiación ilegal de sus campañas de 2011 y 2016, fue acusada en julio de 2021 por el antiguo juez Malzon Urbina de haber pagado hasta 4.000 dólares por elector en aquellos comicios, así como otros 12.000 para que se llevará a cabo toda la trama.
Sin embargo, tras más de medio año de investigación, la Fiscalía no ha encontrado evidencias que muestren que Fujimori habría incurrido en los delitos de organización militar, falsedad documental y manipulación electoral, recalcando que la acusación ni siquiera ha presentado pruebas de sus acusaciones.
El sobreseimiento no es definitivo, pues todavía la Procuraduría de Orden Público Interno y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) disponen de diez días para presentar alegaciones, cuenta el diario 'La República'.
Además de la Keiko, se han cerrado las causas por estos mismos delitos de varias personas de su círculo más cercano, como su padre, el expresidente peruano Alberto Fujimori, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta; su antiguo asesor, Pier Figari; o la del jefe del JNE, Jorge Salas Arenas, entre otros.