TEGUCIGALPA (AP) — Familiares de dos ambientalistas hondureños asesinados a inicios de 2023 interpusieron el jueves una denuncia ante el Ministerio Público por la falta de acción en las investigaciones de ese crimen, así como por las amenazas y persecución de las que son objeto los defensores del medio ambiente en esa zona.
“Hasta la fecha no han hecho nada, las investigaciones no avanzan, porque las autoridades de Tocoa están coludidas con una empresa minera que explota el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras”, dijo a The Associated Press Reynaldo Domínguez, hermano de Aly Domínguez, de 38 años, una de las dos personas asesinadas el 7 de enero en una solitaria calle entre las comunidades de La Concepción y Guapinol. La otra víctima es Jairo Bonilla, de 28 años.
Ambos ambientalistas trabajaban de cobradores para una empresa de televisión por cable de Tocoa, en el departamento de Colón, y el día del crimen regresaban en motocicleta a Guapinol luego de realizar cobros en La Concepción cuando fueron interceptados por sicarios que los atacaron a balazos.
La Policía Nacional y los fiscales a cargo de la investigación manejaron desde un principio la hipótesis de que el crimen fue motivado por un asalto, pero los parientes de los dos muertos rechazan contundentemente esas aseveraciones.
“En el lugar quedó la motocicleta que es una de las más apetecidas por los ladrones, estaban sus celulares y el dinero del cobro en sus bolsillos porque se lo habían dividido entre ambos; por eso rechazamos que digan que se trató de un robo”, enfatizó Reynaldo Domínguez.
La misma posición tiene Kelvin Romero, otro de los líderes ambientalista de la zona de Guapinol, quien asegura que los dos muchachos eran desde hace varios años conocidos defensores del Parque Nacional “Carlos Escaleras”.
Romero, quien es uno de los ocho ambientalistas que permaneció preso por defender esas tierras, relató a AP que desde hace cuatro años están siendo reprimidos por las autoridades y por una empresa minera por defender esa reserva natural.
Los ocho ambientalistas fueron acusados en 2018 y condenados en febrero de 2022 por privación injusta de la libertad e incendio agravado, pero ese mismo año recobraron su libertad gracias a un fallo de una Corte que declaró nulo el proceso por considerar que hubo violación a la tutela judicial y al debido proceso desde que se produjo su captura.
“Hemos tenido amenazas personales, en mensajes, en llamadas, entonces para nosotros aquí (en Honduras), el Poder Judicial y las autoridades hacen caso omiso a pesar de que contamos con medidas cautelares de protección para defensores de derechos humanos”, agregó Romero.
No obstante, el Ministerio Público justifica su versión del robo en que los mismos familiares llevaron los objetos que portaban y no lo reportaron a las autoridades hasta días después ni siquiera permitieron que se les practicara la autopsia correspondiente.
“No dejaron que los cadáveres fueran llevados a Medicina Forense y procedieron a enterrarlos; familiares y amigos contaminaron la escena del crimen, se llevaron los objetos que portaban y no lo dijeron hasta días después. Esto hace que la investigación y encontrar a los autores de este hecho sea más difícil”, dijo a la AP Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público.
Amnistía Internacional envió el pasado 13 de enero una carta al Fiscal General de Honduras, Óscar Chinchilla, en la que pide “una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial” sobre la muerte de Jairo Bonilla y Aly Domínguez.
“Varias comunidades, grupos campesinos, parroquias y organizaciones locales del municipio de Tocoa, encabezados por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), se oponen a la concesión otorgada a la empresa minera Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras”, reclamó la organización internacional de derechos humanos.
El Parque Nacional Montaña de Botadores “Carlos Escaleras” es una reserva natural localizada sobre tres departamentos de Honduras, Tocoa, Olancho y Yoro, donde desde hace varios años se otorgó un permiso de explotación a una empresa minera que, a criterio de los ambientalistas, está destruyendo los recursos naturales.
Los defensores aducen que esa empresa se dedica a la extracción de minerales de óxido de hierro e instaló una fábrica de procesamiento en la zona núcleo del Parque Nacional, Además, consideran que está contaminando el río Guapinol debido a las construcciones de carreteras alternas que realizan para llegar a la zona de explotación.
“Nosotros siempre seguiremos en la lucha en defensa de nuestros recursos, Sabemos que podemos perder la vida, pero es una lucha justa y no lo hacemos por un interés personal, sino por Honduras para dejarle a nuestros hijos y familias un futuro”, puntualizó Kelvin Romero.
