MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido al Gobierno de Tailandia la liberación de dos activistas, Orawan Phuphong y Tantawan Tuatulanon, detenidas por criticar a la monarquía y las cuales se enfrentan ahora a una larga condena.
"El gobierno tailandés debe retirar las causas injustas contra Orawan, Tantawan y otros acusados por sus protestas pacíficas en demanda de reformas de la monarquía", ha declarado la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson.
"Mantener a estos activistas en prisión preventiva por el ejercicio pacífico de sus derechos es punitivo y cruel", ha agregado.
Orawan Phuphong y Tantawan Tuatulanon fueron detenidos el pasado 16 de enero tras comparecer ante un tribunal para revocar de forma voluntaria su propia libertad bajo fianza con la intención de regresar al Centro Penitenciario Central de Mujeres (CWCI) e iniciar una huelga de hambre. Las dos ciudadanas demandaron la liberación de todas las mujeres detenidas por causas políticas así como la adopción de reformas legales sobre las leyes de lesa majestad y sedición.
El 18 de enero iniciaron una huelga de hambre en el mencionado centro penitenciario en la capital tailandesa de Bangkok por lo que consideraban una detención preventiva ilegal debido a su posición política ante la monarquía. Este viernes las dos ciudadanas fueron trasladadas a un centro hospitalario tras desmayarse en el correccional.
Las autoridades de Tailandia han acusado a las activistas por varios delitos penales, incluidos el de lesa majestad, después de que estas realizaran una encuesta de opinión pública sobre los desfiles y comitivas reales.
Según ha señalado la organización, el artículo 112 del Código Penal tailandés castiga el delito de lesa majestad con hasta 15 años de cárcel.
HRW también ha subrayado el aumento de detenciones por este mismo delito en el último año, tras un paréntesis de tres años en los que estos casos no fueron llevados a los tribunales. No obstante, en noviembre de 2020 el primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan Ocha, ordenó reanudar los procesos de lesa majestad, aparentemente debido al aumento de las posiciones críticas con la monarquía del país.
Según datos de la organización, desde ese momento más de 200 personas han sido acusadas por este delito y en relación a su participación en concentraciones a favor de la democracia o mensajes en redes sociales.
