La bancada de Movimiento Ciudadano (MC), presentó su propia iniciativa para castigar a la ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio de tesis, la cual propone quitarle el título, la cédula, y que devuelva todo el dinero que ha obtenido como servidora pública.
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La propuesta que busca modificar el artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, señala que en casos de plagio, se quitará el título y la cédula del infractor o infractora, y la sanción será procedente “sin importar la temporalidad”.
En la exposición de motivos, el proyecto define al plagio como una infracción sobre los derechos de autor donde se recuperan obras ajenas haciéndolas pasar como propias.
“Cometer esta acción resulta una labor de deshonestidad y de falta de honradez que está siendo ignorada por el Poder Ejecutivo Federal y por instituciones como la UNAM y la SEP”, señala el documento que está publicado en la gaceta parlamentaria.
Ante un caso de plagio, afirma, es necesario que se invalide el título académico de la persona que está cometiendo dicho acto, pues el no hacerlo implica un riesgo en la credibilidad de todos los títulos emitidos por las instituciones académicas implicadas, lo cual pone en objeto de duda si los documentos emitidos por las instituciones académicas son fidedignos.
“La cantidad de plagios que hay en nuestro país es grave, en un estudio de la UNAM que lleva por título ‘Reporte de encuesta sobre la percepción de plagio en la UNAM”.
Se reveló que 5 de cada 10 de los encuestados toman textos o párrafos completos de otro autor y los presentan como propios. Cuando se les hizo la pregunta sí sus profesores se daban cuenta de esta acción, entre el 51 y 65 por ciento de los encuestados contestaron que solo “en ocasiones””, se explica.
Ministra Yasmín Esquivel plagia tesis
Sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, se recuerda que en diciembre de 2022 se vio envuelta en una polémica, pues se habría descubierto que la tesis presentada por la referida ministra en 1987 para obtener el título de Licenciada en Derecho, había sido plagiada al alumno Edgar Ulises Báez, ya que a través de una investigación se encontraron coincidencias en el trabajo universitario.
“De las investigaciones realizadas, se detectó que hay hasta un 90 por ciento de coincidencia con la tesis del egresado Édgar Báez, quien se tituló como licenciado en derecho por la UNAM en 1986; esto expresa claramente que hay un plagio y que deben tomarse cartas en el asunto, a manera de que no se haga caso omiso de este tipo de acciones y se vea la magnitud de esta falta grave”.
Dicho acto, asegura la iniciativa, “no solo se trata de una acción de deshonestidad, la cual viniendo de una impartidora de justicia deja mucho que pensar, pues además pone en riesgo el prestigio de una de las universidades más importantes del país”.
Pese a que se comprobó el plagio efectuado por la ministra, se advierte, hasta el momento no se han tomado acciones para sancionar el plagio, pues únicamente se sancionó y destituyó del cargo a la académica Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la hoy ministra Esquivel, quien por instrucciones de la Comisión de Ética de la Universidad Nacional Autónoma fue investigada y sancionada.
Por ese motivo, el proyecto plantea que, de conformidad con el artículo 6 de la presente Ley, “la cancelación del registro de los títulos profesionales también será procedente en aquellos casos en los que, sin importar la temporalidad, la institución educativa de que se trate acredite fehacientemente la actualización de irregularidades administrativas y de faltas académicas graves, que impliquen el desprestigio de la institución, en el proceso de otorgamiento del título profesional”.
Para efectos de dicha Ley, agrega, se entiende como faltas académicas graves la comisión de conductas contrarias a la ética profesional y académica, incluyendo el plagio.
Asimismo, propone cancelar el registro de los títulos profesionales en aquellos casos en los que se detecten irregularidades administrativas en el proceso de inscripción del título profesional ante la Dirección General de Profesiones.
Finalmente, se establece que la persona que ejerza alguna profesión que requiera título para su ejercicio, sin la correspondiente cédula o autorización, “no tendrá derecho a cobrar honorario”.
Por ello, en caso de que se haya otorgado retribución alguna, “la persona afectada tendrá derecho de repetir en contra de aquella, en términos del Código Civil. Igual derecho corresponderá al Estado, si es que la persona fungió como servidora pública”.
