MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este miércoles a las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente y a los huthis que pongan en libertad a todas las presas que han cumplido condena y siguen en la cárcel debido a la ausencia de un 'tutor' que se haga cargo de ellas.
Las autoridades penitenciarias de Yemen mantienen encarceladas a mujeres en varias zonas del país a pesar de haber cumplido su condena debido a que no hay un hombre que apruebe su puesta en libertad o si sus familiares se niegan a recibirlas, una práctica vigente en el país desde antes de que estallara el conflicto en 2015.
"Es inaceptable que las autoridades de Yemen sigan considerando y tratando a las mujeres como personas incompletas, sin capacidad de acción, que necesitan de un tutor masculino para desarrollar su vida cotidiana", ha denunciado la directora adjunta de la ONG para Oriente Próximo y Norte de África, Grazis Careccia.
"Las costumbres tradicionales deben evolucionar, como hace toda sociedad, para garantizar el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad", ha afirmado, antes de reclamar que estas mujeres "sean liberadas de inmediato".
Así, ha hecho hincapié en que las autoridades penitenciarias deben actuar en línea con el Código Penal yemení, la Constitución del país y las obligaciones bajo el Derecho Humanitario. "Hay que poner fin a la privación de libertad injustificable y a todas las formas de discriminación por motivos de género", ha recalcado.
Un antiguo trabajador de la prisión central de la capital, Saná, bajo control de los huthis, ha denunciado que este requisito viola los derechos de las mujeres y ha confirmado que los rebeldes "afirman que es imposible salir sin un tutor masculino".
"Una mujer lleva cinco años privada de libertad arbitrariamente tras haber cumplido su condena, otra permaneció retenida en prisión durante dos meses hasta que llegó su hijo del extranjero para hacerse cargo de su salida. En 2019 se entregó una mujer a su padre, quien la asesinó apenas una semana después", ha denunciado.
En esta línea, dos abogados contactados por la ONG han recalcado que la práctica carece de base jurídica y que se mantiene al estar arraigada en las normas sociales. "Necesitamos presión comunitaria de parte de organizaciones y activistas para acabar con esta práctica", ha dicho uno de ellos.
TRASLADOS A ALBERGUES
Por su parte, una mujer identificada con el alias de 'Radiya' ha relatado que fue encarcelada "por ser víctima de una violación". La mujer cumplió su condena en Taiz en 2022 pero, debido a que su esposo se había divorciado y su familia la repudiaba, fue trasladada a un albergue local para mujeres.
La mujer fue violada por un vecino en 2021, lo que derivó en una acusación por adulterio que se saldó con una condena a un año de cárcel. Amnistía Internacional ha recordado que tratar el adulterio como un delito constituye una violación del derecho de las mujeres a la intimidad, además de vulnerar la prohibición de la discriminación en la familia que se establece en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
"Me siento oprimida y profundamente triste. Perdí a mis hijos y a mi marido, y mi familia me abandonó. Estoy deprimida. No tenía adónde ir salvo al albergue. Espero poder labrarme una nueva vida y encontrar trabajo cuando salga del albergue", ha señalado la mujer.
Por su parte, la directora de este albergue ha especificado en declaraciones a la ONG que el albergue fue abierto en 2020. "Logramos trasladar a él a todas las mujeres que ya habían cumplido su condena; la fiscalía facilitó el proceso. En ese momento eran 23 mujeres", ha resaltado.
"Hay que apoyar a estas mujeres y ofrecerles rehabilitación para que puedan reintegrarse en la sociedad. El motivo es que se rechaza a las mujeres que han estado en prisión", ha manifestado. En estos albergues las mujeres siguen un programa de rehabilitación que las ayuda a adquirir aptitudes profesionales o a reforzarlas.
Estos albergues se coordinan con la administración penitenciaria y la fiscalía para garantizar que se transfieran las mujeres a ellos y, una vez que una mujer está preparada para abandonar definitivamente el albergue, es preciso notificarlo a las autoridades penitenciarias, a pesar de que no existe base jurídica que impida su salida.
"La tutela masculina es un instrumento de control social sobre la vida y las libertades de las mujeres, que no debe legitimarse con este tipo de prácticas. Las autoridades deben trabajar para eliminar la discriminación contra las mujeres y acabar con la tutela masculina tanto en la legislación como en la práctica, aunque para lograrlo haya que poner en entredicho las normas sociales existentes", ha dicho Careccia. "Hay que abrir albergues para las mujeres en situación de riesgo, pero también garantizar que no se obliga a ninguna mujer a residir en ellos sin su consentimiento", ha remachado.
