SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Puerto Rico privatizó su producción eléctrica el miércoles y seleccionó a Genera PR para tomar control de la operación y mantenimiento de unidades estatales de generación energética en el territorio estadounidense como parte de un contrato anual inicial por 22,5 millones de dólares.
El anuncio llega mientras la isla batalla para reconstruir su red eléctrica deteriorada en medio de apagones constantes que, según el gobernador Pedro Pierluisi, se atribuye en parte a generadores “arcaicos e inestables”.
“Estoy seguro de que estamos en el camino correcto para darle a nuestra gente el sistema energético confiable y asequible que merece”, comentó el gobernador.
Genera PR es una subsidiaria de New Fortress Energy, con sede en Nueva York, que trabaja estrechamente con Shell Oil y otros productores de petróleo y gas. Genera también administrará los contratos relacionados con la compra de combustible para las 12 instalaciones energéticas de la isla como parte de un contrato de 10 años con el gobierno de Puerto Rico.
“Hoy es un día histórico”, dijo el secretario estatal de Estado, Omar Marrero, quien señaló que los huracanes recientes han revelado el deterioro y estado crítico de la red energética de la isla.
Los generadores eléctricos de la isla, algunos con más de 50 años, en años recientes han sufrido apagones a tasas cinco veces por arriba del promedio de la industria, produciendo menos de la mitad de la energía prevista por el gobierno.
“Décadas de mala administración y negligencia han dejado a Puerto Rico con un sistema energético costoso, ineficiente y anticuado”, dijo una junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico en un comunicado que apoya el contrato otorgado a Genera PR.
Muchos puertorriqueños están recelosos de este proceso, enterados de que la privatización de la transmisión y distribución de energía en junio de 2021 no produjo una mejora en los problemas como los extensos apagones, que han empeorado. La situación energética en la isla es tan mala que el gobierno de Estados Unidos recientemente anunció que suministraría generación eléctrica temporal a través de barcazas y generadores en tierra.
Otra preocupación es que los ya elevados recibos de luz puedan volverse incluso más costosos bajo la nueva sociedad pública-privada, temores que funcionarios descartaron ya que señalaron que Genera PR recibirá incentivos para generar ahorro, de los cuales 50% se trasladarán a los consumidores.
La empresa recibirá 22,5 millones de dólares al año durante los primeros años del contrato, un pago que disminuirá conforme Puerto Rico cierra definitivamente unidades de generación en una apuesta por fuentes de energía renovable. Genera PR también recibirá hasta 15 millones de dólares durante un periodo de transición de 100 días y hasta 100 millones de dólares al año en incentivos, un pago que también se reducirá conforme se cierren unidades.
Wes Edens, fundador y director ejecutivo de New Fortress Energy, dijo que Genera PR comenzará a operar a mediados de año.
Agregó que los apagones son inaceptables y señaló que las facturas eléctricas en Puerto Rico “simplemente son demasiado elevados”.
“Si bien reconocemos los desafíos que tenemos por delante… creemos que las oportunidades aquí… son tremendas”, dijo Edens.
Hasta el miércoles, el gobierno se había negado a publicar una copia del contrato o el nombre de la empresa escogida incluso cuando la junta gobernante de la compañía eléctrica de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas la habían aprobado después de reunirse en privado.
Tomás Torres, miembro de la junta gobernante que representa el interés público, fue el único que votó en contra del contrato.
Torres señaló que dichos contratos suelen hacerse con extensa participación ciudadana “dado el impacto que tendrá en todos los sectores que conforman el interés público”. También señaló que Genera PR tendrá energía monopolizada como el único proveedor de electricidad en la isla.
Además, Torres advirtió que el contrato representa costos adicionales para la compañía eléctrica estatal, que tiene una deuda de unos 9.000 millones de dólares —la mayor de cualquier agencia gubernamental puertorriqueña— y sigue involucrada en una amarga batalla con acreedores mientras intenta salir de la bancarrota. Está por verse cuánta de esa deuda recaerá en los consumidores.
