BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano reconoció el lunes públicamente la calidad de víctimas de los menores de 18 años que fueron reclutados por la extinta guerrilla de las FARC en cumplimiento de una orden del Tribunal de Paz, como una forma de reparar lo expresado por un exministro de Defensa del anterior gobierno que los denominó “máquinas de guerra”.
El actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció acompañado de la cúpula militar que los miles de menores que fueron reclutados y utilizados en el conflicto por la antigua guerrilla fueron “víctimas de un crimen de guerra” y explicó que la jurisprudencia colombiana señala que aunque algunos menores ingresan bajo la apariencia de un reclutamiento voluntario, este no corresponde a la realidad y, por tanto, también deben ser reconocidos como víctimas.
El Tribunal de Paz ha encontrado que al menos 18.677 menores fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que firmó en 2016 un acuerdo de paz con el Estado. Varias facciones de disidentes de las FARC continúan delinquiendo tras abandonar lo acordado y retomar las armas.
Fueron organizaciones de la sociedad civil las que pidieron al Tribunal de Paz otorgar medidas cautelares para proteger los derechos de las víctimas de reclutamiento forzado, luego de que en 2021 el entonces ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, defendiera la legitimidad de una operación militar al sur del país en la que se denunció que entre los muertos en “combate” había doce menores de edad.
“La discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino cómo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra”, aseguró Molano. Luego insistió en que las víctimas de reclutamiento “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos. Desafortunadamente, se convierten en criminales”.
Velásquez, como vocero del gobierno de Gustavo Petro en el poder desde agosto de 2022, aseguró que la fuerza pública tiene la orden de tomar las medidas de precaución necesarias para proteger a los menores de edad en desarrollo de operaciones y prevenir “retaliaciones por parte de los grupos armados ilegales contra estos, sus familias o la comunidad”.
El Tribunal de Paz también ordenó al gobierno incorporar en su doctrina militar acciones que ayuden a “eliminar los discursos justificativos” y reconocer que los menores reclutados son víctimas y pueden resultar afectados en operaciones, por lo que pidió que los militares respeten los principios de “precaución, necesidad militar, humanidad y proporcionalidad”.
En respuesta, el ministro de Defensa informó que el lunes fue expedida una directiva en la que se contempla la revisión y actualización de la doctrina militar y policial “con énfasis en los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario”, que incluye capacitaciones para los militares.
