SANTIAGO (AP) — El gobierno del presidente Gabriel Boric no pudo firmar el martes un acuerdo político para enfrentar la creciente delincuencia armada debido a la ausencia de la oposición, pese a que la vocera oficial había anticipado que se suscribiría con quienes llegaran a la cita.
Chile enfrenta una crisis de inseguridad por la violencia y el uso de armas que acompaña la comisión de delitos. Según cifras entregadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en 2019 el 43% de los delitos eran cometidos con armas, cifra que aumentó a 60% en 2022.
El martes había convocada una nueva reunión, encabezada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, para concretar un acuerdo que enfrentara esa realidad, después de que las negociaciones sobre seguridad quedaran congeladas en diciembre. La oposición se levantó entonces de la mesa en repudio al indulto que el presidente Boric concedió a 13 personas que fueron condenadas por delitos comunes en el contexto de las protestas sociales de 2019.
La convocatoria del 30 de diciembre fue la primera para buscar el consenso en seguridad y con la expectativa, luego frustrada, de firmar un acuerdo a inicios de enero.
La vocera de gobierno, Camila Vallejo, advirtió la víspera a la nueva cita que el gobierno suscribiría el acuerdo el martes “con quienes quieran estar” y aseguró que, si no estaban todas las firmas, esperarían a "que se sumen en los trámites legislativos”.
La oposición había condicionado su retorno a las negociaciones a que se retiraran los indultos y a que se impusiera un estado de emergencia en una región del norte en la que los índices de delincuencia y homicidios son muy superiores al resto del país.
Sin embargo, al encuentro sólo llegaron representantes del oficialismo y un senador de oposición. Más tarde, la ministra Tohá se reunió con líderes de los alcaldes y gobernadores.
