BOGOTÁ (AP) — Clara Rojas, quien permaneció durante seis años secuestrada por las FARC, recibió con asombro la propuesta de los líderes de la extinta guerrilla de buscar dar un salto para además de ser victimarios, ser reconocidos como víctimas en el conflicto interno que se prolongó en Colombia por más de cinco décadas.
“Me parece absurdo, por decir lo menos, que estén planteando esta situación ahora, es un paso atrás enorme... es eludir totalmente su responsabilidad como actores reales de delitos de lesa humanidad como el secuestro”, dijo Rojas el viernes a The Associated Press. Rojas fue secuestrada en 2002 junto a la entonces candidata presidencial Íngrid Betancourt.
La idea fue divulgada esta semana por Rodrigo Londoño, quien fuera el último máximo comandante de las FARC y negociador del acuerdo de paz, debido a que su juicio el Tribunal de Paz debería abrir una nueva investigación para determinar la responsabilidad del Estado en crímenes de guerra y lesa humanidad.
“Nosotros vamos a considerar la posibilidad de solicitar ser reconocidos como víctimas”, aseguró el martes en un video Londoño, conocido en los años de conflicto como “Timochenko”.
La que fuera la cúpula de las extintas FARC ha reconocido su responsabilidad por el secuestro de más de 21.300 personas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los hechos del conflicto. La Comisión de la Verdad, además, indicó que la antigua guerrilla es responsable de 29.410 desapariciones forzadas y más de 96.900 homicidios.
Para Rojas, un eventual escenario en el que las extintas FARC fueran declaradas víctimas, conllevaría a “desdibujar toda la arquitectura del acuerdo” de paz en el que, además de entregar las armas, tiene como objetivo principal reparar a miles de víctimas, lo que a su juicio tampoco han hecho a satisfacción.
Íngrid Betancourt también criticó la propuesta de los ex FARC. “Es claro que el Estado debe responder por los crímenes y el terrorismo de Estado... pero al tomar las armas (las FARC) llegaron a ser peor que el mal que decían enfrentar. Nadie los obligaba a torturar, a secuestrar, a robar, extorsionar o narcotraficar”, dijo el jueves en un video compartido a la prensa.
El pedido de Londoño, como presidente del partido político que conformaron los exguerrilleros, está ligado a una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por el “exterminio” del partido político Unión Patriótica, al concluir que más de 6.000 de sus integrantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” a partir de 1984 y por más de dos décadas.
En sus inicios la Unión Patriótica se constituyó tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y FARC que, aunque fallido, abrió la puerta para que una fuerza opositora pudiera hacer política con el propósito de que en un futuro la guerrilla diera un paso a la legalidad. Sin embargo, explicó la Corte, su ascenso en la política fue truncado por una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública que derivó en actos de violencia como torturas, asesinatos y desapariciones.
Según Londoño, esos crímenes no solo afectaron a los más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica, sino que “nos obligó (a las FARC) a una guerra que se prolongó por más de 25 años con miles de víctimas que nos hubiéramos ahorrado si el Estado hubiera cumplido esos acuerdos”.
Andrés Macías, investigador de conflicto y temas de paz de la Universidad Externado, indicó a la AP que el pedido de Londoño no se ajustaría al mismo contexto de la Unión Patriótica en la medida en que las FARC siguieron siendo un grupo ilegal que combatía al Estado y la misión constitucional de las fuerzas armadas era combatirlos.
Dentro de la JEP existe una investigación por los crímenes contra la Unión Patriótica, en la que las ex FARC no han sido declaradas víctimas.
