BOGOTÁ (AP) — Al cumplir seis meses en el poder, el presidente colombiano Gustavo Petro presentó ante el país y el Congreso el plan de desarrollo en el cual delinea sus próximos años de gobierno priorizando a las capas más vulnerables y pidiendo algunas facultades extraordinarias para regular los usos de la planta de coca.
Un documento extenso que incluye un proyecto de ley de 300 artículos fue publicado por el gobierno en la noche del lunes bajo la premisa de que las decisiones públicas “son del pueblo, son para el pueblo”, como dijo Petro en su discurso, al resaltar que para la construcción del plan de desarrollo oyeron las propuestas de unas 250.000 personas en todo el país.
Los planes de desarrollo en Colombia son la hoja de ruta del gobierno de turno en la que se establecen sus metas para los cuatro años de administración. El Congreso tiene como plazo el 7 de mayo para discutir y aprobar el documento.
“Este plan de desarrollo confirma lo que fue la voluntad de poner al primer presidente de izquierda en la historia política moderna de Colombia”, aseguró a The Associated Press Carlos Arias Orejuela, analista político y docente de la Universidad Externado, debido a que contiene las bases de las reformas —laboral, de salud, pensional y judicial— que busca implementar.
Desde la campaña electoral, Petro prometió ayudar a cerrar las brechas de desigualdad, en un país donde el 39% de su población es pobre, según las estadísticas oficiales.
El plan de desarrollo propone la creación de un programa de “renta ciudadana” que consiste en transferencias monetarias a los hogares en situación de pobreza. Así como un esquema de protección contra el desempleo y un programa de “hambre cero” que busca entregar recursos en especie para garantizar la alimentación de los más pobres.
Entre los artículos que pueden generar mayor debate en el Congreso están los que contemplan otorgarle a Petro facultades extraordinarias durante seis meses, contados a partir de que la ley entre en vigencia, para crear, suprimir o modificar “la naturaleza jurídica, de entidades de la rama ejecutiva”, así como para “regular” los usos alternativos de las plantas de coca y de cannabis y los “fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas”.
El analista Arias Orejuela resaltó que en gobiernos pasados se han dado facultades a los presidentes, por lo que no considera la medida “inconstitucional”, pero sí discutible dado que le daría la posibilidad de reemplazar las facultades de algunas entidades estatales.
El experto en seguridad, Hugo Acero, aseguró a la AP que la posibilidad de regular los usos de la planta de coca parte de un principio de autonomía que puede tener el Estado colombiano, pero que no debería “desconocer el contexto internacional y las relaciones que ha sostenido con otros países en la lucha contra el narcotráfico, especialmente con Estados Unidos”.
Petro ha dicho públicamente que la guerra contra las drogas “ha fracasado” y en su plan de desarrollo refuerza la idea de que la nueva política de drogas en Colombia busca dejar atrás el prohibicionismo para pasar a atender las “causas estructurales de ese fenómeno como la pobreza” o la falta de acceso a oportunidades.
Promoverá una “regulación” e implementarán un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de hoja de coca y alternativas a la privación de la libertad en delitos menores asociados a drogas.
“Estamos ante unas ideas generales que luego deben definir la política antidrogas del presidente Petro”, resaltó Acero, quien detalló que esas ideas se concentran en la no aspersión de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, la no persecución de cultivadores pequeños y el ataque a grandes cultivos, al lavado de activos y a las organizaciones criminales.
