MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
"En el contexto de la transición política de cara al orden constitucional en Malí, el secretario general subraya la necesidad crítica de que las autoridades malienses protejan los Derechos Humanos, incluida en particular la libertad de expresión, que es crucial para el funcionamiento de una sociedad democrática", ha dicho el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.
Asimismo, ha recalcado que Guterres "tiene total confianza en la MINUSMA y en el compromiso y profesionalidad de su personal a la hora de aplicar el mandato de la misión para apoyar a Malí y su población, incluida la promoción y protección de los Derechos Humanos".
Guterres ha recordado además que "la doctrina de 'persona non grata' no es aplicable al personal de Naciones Unidas y que es contraria al marco legal aplicable a la ONU, incluido en lo relativo a las obligaciones bajo la carta de la ONU y a los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas y su personal".
Las críticas de Guterres han llegado después de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidiera el lunes a la junta que revoque la salida del país del director de la oficina de Derechos Humanos de la MINUSMA, Guillaume Ngefa-Atondoko Andali. Bamako alega que había incurrido en actividades "desestabilizadoras y subversivas" que contravendrían las obligaciones propias del puesto.
Según la junta, Andali ha dado voz en foros internacionales a "usurpadores que se arrogan el título de representantes de la sociedad civil maliense", en alusión a personas que han hablado en contra de las autoridades y que exponen supuestas versiones "engañosas" acerca del proceso de transición en el país africano.
El líder de la junta militar de Malí, Assimi Goita, ya había puesto el foco sobre la MINUSMA en estos últimos meses, reclamándole una mayor colaboración con el Ejército a la hora de llevar a cabo sus operaciones. La misión tiene desplegados 'cascos azules' en el país desde 2013, si bien las relaciones se han deteriorado a raíz de los golpes de Estado liderados por Goita en agosto de 2020 y mayo de 2021 y los aplazamientos por parte de la junta a la hora de fijar un calendario electoral para una transición democrática.
