MANAGUA (AP) — El papa Francisco expresó el domingo su pesar y preocupación por el hecho de que el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, un abierto crítico del gobierno de Nicaragua, fue sentenciado a 26 años de cárcel en una nueva medida del gobierno contra la Iglesia católica y la oposición.
Horas después, en la capital nicaragüense, el cardenal Leopoldo Brenes dijo que alguien le había preguntado qué podían hacer por Álvarez. “Orar, esa es la fuerza nuestra”, dijo Brenes a los reunidos en el interior de la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción. “Orar para que el Señor le dé la fortaleza, le dé el dicernimiento en todas sus acciones”.
Álvarez fue sentenciado el viernes tras negarse a abordar un avión hacia Estados Unidos con otros 222 presos, todos opositores al presidente Daniel Ortega. Además de la pena de cárcel, Álvarez fue despojado de su ciudadanía nicaragüense.
“Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho”, declaró el pontífice en la Plaza de San Pedro a la multitud reunida para la tradicional bendición dominical.
El papa expresó su amor y su preocupación por Álvarez y llamó a los fieles a rezar para que los políticos “abran sus corazones”.
Los comentarios del papa Francisco y del cardenal Brenes del domingo fueron los primeros hechos públicamente por la Iglesia sobre la expulsión de los presos —varios sacerdotes sí abordaron el vuelo— y la sentencia de Álvarez.
Ortega ordenó la liberación masiva de dirigentes políticos, sacerdotes, estudiantes y activistas ampliamente considerados presos políticos, y envió algunos de ellos en un vuelo con destino a Washington el jueves. Ortega dijo que Álvarez se negó a embarcar sin poder consultar con otros obispos.
El presidente de Nicaragua calificó la negativa de Álvarez de “absurda”. Álvarez, que se encontraba en arresto domiciliario, fue trasladado a la cárcel La Modelo.
En los días previos a la reelección de Ortega en noviembre de 2021, las autoridades nicaragüenses detuvieron a siete posibles candidatos presidenciales opositores. El gobierno cerró cientos de organizaciones no gubernamentales a las que Ortega ha acusado de recibir financiación extranjera y utilizarla para desestabilizar a su gobierno.
Ortega, un exguerrillero, ha tenido una tensa relación con la Iglesia católica, pero el año pasado empezó a acometerla más directamente en su campaña para apagar las voces disidentes.
En marzo, Ortega echó al nuncio papal, el principal diplomático del Vaticano. Más tarde, el gobierno cerró varias emisoras de radio en la diócesis de Matagalpa, donde laboraba Álvarez, antes de las elecciones municipales, y Álvarez fue detenido en agosto junto con otros sacerdotes y laicos, acusado de socavar el gobierno y difundir información falsa.
La respuesta de la Iglesia al comportamiento cada vez más agresivo del gobierno ha sido mesurada, aparentemente con el fin de no exacerbar las tensiones.
El sábado, algunos miles de partidarios de Ortega marcharon por la capital en señal de apoyo a la expulsión de los presos opositores. Aunque algunos parecían genuinos en su apoyo, el gobierno se ha ganado la reputación de obligar a los empleados públicos a asistir.
En las afueras de la catedral de Managua el domingo, estaba claro que la larga condena de un sacerdote y la invalidación de la ciudadanía a sus detractores habían irritado a la población del país, que sigue siendo mayoritariamente católico.
Jorge Paladino, un arquitecto de 49 años, dijo sentirse “decepcionado, conmovido, consternado”. Agregó que los expulsados siempre serán nicaragüenses, les digan lo que les digan.
María Buitrago, una jubilada de 61 años, habló en voz baja pero con indignación.
"De forma horrible les quitaron su nacionalidad, como si son dioses que pueden quitarle a uno donde uno vive, donde uno nació. No pueden quitarle ni la sangre nicaragüense, no se la pueden quitar. Pero ellos hacen su gusto”, manifestó.
