MADRID (AP) — Greenpeace dijo el lunes que apelará una decisión del Tribunal Supremo de España que bloquea el acceso público, por motivos de seguridad nacional, a la información sobre las licencias gubernamentales de exportación de sistemas de armas montados en vehículos vendidos a Arabia Saudita.
El grupo ecologista argumenta que el sistema de mortero Alakran de 120 mm desarrollado por la firma NTGS con sede en Madrid fue desplegado por la coalición liderada por Arabia Saudí en la frontera con Yemen, poniendo en peligro la vida de civiles. “La venta de armas a países en guerra no solamente viola la ley española de control de comercio de armas, sino también el Tratado Internacional de Comercio de Armas suscrito por España”, argumentó Greenpeace.
En 2020, Greenpeace solicitó al Ministerio de Comercio copias de las licencias de exportación recientes para el sistema de mortero, pero se le negó por motivos de seguridad nacional y leyes de secretos oficiales.
El Tribunal Supremo de España confirmó la decisión del ministerio el 7 de febrero, argumentando que la ONG no demostró suficiente interés público para justificar la desclasificación de las licencias. El tribunal argumentó además que el derecho a acceder a los detalles de la licencia era “subjetivo” y que Greenpeace no había podido probar que se afectarían derechos humanos fundamentales si el ministerio retenía la información.
Greenpeace puede apelar la decisión ante el Tribunal Constitucional de España, pero prometió llevarla ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario.
“Solo una ciudadanía informada puede impedir que se vulneren los derechos humanos en cualquier sociedad”, dijo en un comunicado Lorena Ruiz Huerta, abogada de Greenpeace España. “Es hora de que jueces y tribunales reconozcan a los españoles y españolas su condición de ciudadanos y ciudadanas con pleno derecho a una información veraz sobre cuestiones que afectan a los derechos humanos y, muy en especial, al derecho a la vida”, añadió.
España es el cuarto proveedor de equipo y armas militares de Arabia Saudí, según Amnistía Internacional. Madrid canceló la entrega de 400 bombas guiadas por láser compradas Riad en 2018 tras las críticas de grupos de derechos humanos.
La guerra de Yemen comenzó cuando los hutíes respaldados por Irán tomaron la capital del país, Saná, en septiembre de 2014 y obligaron al gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse. Una coalición liderada por Arabia Saudí, armada con armas e inteligencia occidentales, entró en la guerra en apoyo al gobierno exiliado en marzo de 2015.
Actualmente, todas las partes parecen estar buscando una solución después de ocho años de una guerra que ha matado a más de 150.000 personas, ha fragmentado a Yemen y ha llevado al país más pobre del mundo árabe al colapso y al borde de la inanición.
