MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Entre ellas está el conocido caso de Salma al Shehab, estudiante de la Universidad de Leeds y madre de dos hijos, condenada a 34 años de cárcel por utilizar su perfil de Twitter para defender los derechos de las mujeres y a activistas como Loujain al Hathloul.
El responsable de AI para Oriente Próximo y el Norte de África, Philip Luther, ha recordado que si bien Arabia Saudí ya cuenta con un "largo historial" de represión contra las libertades fundamentales, ahora ha puesto el foco en "ciudadanos comunes" que simplemente ejercen pacíficamente sus derechos.
Luther ha alertado también de que las autoridades saudíes se han infiltrado en al menos una empresa de redes sociales para obtener de manera ilegal información sobre sus usuarios, en búsqueda de posibles disidentes.
Estas nuevas medidas contra la libertad de expresión en el reino saudí envían no solo el "escalofriante recordatorio" de que no se tolerará ninguna disidencia, sino que también exponen la "hipocresía" de un país que a través de eventos globales afirma defender la libre circulación de información en línea.
Hasta febrero de 2023, Amnistía ha documentado 67 casos de personas que habían sido procesadas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, de los cuales una treintena fueron procesados por expresar sus opiniones de manera pacífica. No obstante, la ONG afirma que la cifra podría ser mayor.
AI pone de relieve que el "drástico aumento" de la duración de las condenas sigue al nombramiento del nuevo presidente del tribunal encargado de este tipo de supuestos delitos, que fue uno de los integrantes de la comisión enviada por Arabia Saudí a Turquía en octubre de 2018 para investigar la muerte del periodista Yamal Jashogi, asesinado y descuartizado en la Embajada saudí en Estambul.
Además de la ya mencionada Al Shehab, otras catorce personas han sido condenadas a penas de prisión por el por el Tribunal Penal Especializado, creado para juzgar casos de terrorismo, pero que ha estado dirimiendo supuestos casos de ciberdelitos.
Algunas de estas personas tenían una simbólica repercusión en redes, con apenas cien seguidores, es el caso de Mahdia al Marzougui, una mujer tunecina de 51 años, madre de cuatro hijos, condenada a quince años de prisión y después a la deportación por comentar en Twitter asuntos de política de su país.
Otro de los casos es el de Noura al Qahtani, mujer saudí de 50 años que ha sido condenada a 45 años de cárcel por expresarse pacíficamente en redes sociales. Amnistía sostiene que es la pena más alta jamás impuesta contra una mujer por delitos de este tipo.
Más castigados son Mohammed al Rabiá, activo en redes defendiendo el derecho de las mujeres a conducir en Arabia Saudí con una pena de prisión de 17 años; Saad Ibrahim Almadi, arrestado a su vuelta de Estados Unidos por unos mensajes en Twitter críticos con el reino saudí y condenado por ello a 19 años; y diez egipcios nubios por apoyar en redes a "una organización islamista proscrita".
