JERUSALÉN (AP) — El Parlamento israelí aprobó por abrumadora mayoría una ley que despojaría de ciudadanía o residencia israelí a árabes convictos de ataques nacionalistas y los deportaría si recibieron subsidios de la Autoridad Palestina.
La decisión, que podría afectar a cientos de árabes ciudadanos o residentes de Israel, fue calificada de racista por legisladores árabes y por funcionarios palestinos en la Cisjordania ocupada.
La Autoridad Palestina desde mucho da remesas a familias de palestinos muertos o encarcelados por atacar a israelíes.
Los prisioneros son considerados héroes en la sociedad palestina, y la Autoridad considera dichos pagos como una forma de seguro social para familias necesitadas. Pero Israel sostiene que recompensan la violencia e incentivan a los palestinos a perpetrar ataques.
Unos 4.700 palestinos están presos en Israel por infracciones de seguridad, según el grupo israelí de derechos humanos HaMoked. De ellos, unos 360 son ciudadanos israelíes o residentes de Jerusalén oriental, que Israel conquistó en la Guerra de los Seis Días en 1967 y luego se anexó.
Si bien Israel considera que toda Jerusalén es su capital indivisible, su anexión del sector oriental no cuenta con reconocimiento internacional. La mayoría de los palestinos en Jerusalén cuentan con residencia israelí, con lo cual pueden trabajar, viajar y recibir servicios sociales israelíes, pero no tienen ciudadanía, lo cual les permitiría votar.
