BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)
En una resolución parlamentaria, los eurodiputados aplauden las medidas puestas en marcha por la presidenta Roberta Metsola para atajar estos casos, pero a la vez plantean una serie de iniciativas adicionales para impulsar la transparencia y las buenas conductas en el ámbito parlamentario.
En concreto, apuntan a la mejor aplicación y el refuerzo del código de conducta de los eurodiputados, incluidas sanciones económicas en caso de infracción, insistiendo en la prohibición de actividades paralelas remuneradas que puedan crearles un conflicto de intereses.
También señalan los eurodiputados la necesidad de que haya más control a los viajes sufragados por terceros países y recomienda establecer un proceso de aprobación previa y efectuar un control adicional sobre los asistentes parlamentarios y el personal que trabaja en ámbitos políticos sensibles.
Sobre la mesa ponen también la opción de fijar declaraciones de patrimonio al principio y al final de cada mandato, de tal forma que se identifique un aumento injustificado de patrimonio de eurodiputados, mientras que sobre el registro de transparencia sobre reuniones con diplomáticos de terceros, consideran necesario ampliarlo no solo a eurodiputados sino a asistentes parlamentarios y personal de la Eurocámara.
La resolución incide además en que las medidas adoptadas con respecto a los representantes de Qatar, a los que se les ha prohibido la entrada en las instalaciones de la Eurocámara, deben extenderse a los representantes de Marruecos, el otro tercer país implicado en el mayor caso de corrupción registrado en el Parlamento Europeo.
MÁS CONTROL A LAS ONG
Después de que la trama tuviera su eje en la ONG sobre Derechos Humanos del exdiputado Antonio Panzeri, el Parlamento pide que se revisen las normas en vigor para estas entidades, en particular las relacionadas con la gobernanza, el presupuesto, la influencia extranjera y las personas con control significativo.
El texto subraya que las ONG que reciben dinero de terceros que no están obligadas a inscribirse en el Registro de transparencia, como los países de fuera de la UE, también deben revelar sus fuentes de financiación.
