MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, ha precisado que, con estas acciones, el Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, quiere "sustituir la prisión injusta de quienes levantan la voz y defienden derechos por el exilio forzado".
Los 94 ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos, han sido declarados "prófugos de la Justicia" y les serán confiscados todos sus bienes y sociedades, que pasarán a estar en manos del Estado.
El listado incluye al director del diario 'Confidencial', Carlos Fernando Chamorro; al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez; los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; la exguerrillera Mónica Baltodano o el exministro de Exteriores Norman Caldera.
De esta forma, según AI, esta "nueva ola de violaciones de Derechos Humanos" despoja "cruelmente" de derechos a cientos de nicaragüenses, reforzando así la "política de terror y represión" del Gobierno para "aniquilar cualquier disidencia".
"La valiente e implacable labor de defensa de los Derechos Humanos que Vilma Núñez ha ejercido, junto con otras personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, hoy es la única prueba con la que el Gobierno de Daniel Ortega pretende justificar la aplicación de leyes confeccionadas para criminalizarles y perseguirles", ha agregado.
AI ha alertado que esta decisión pone a los afectados, más de 300 personas, "en una situación de mayor indefensión", ya que no son reconocidas como ciudadanos de ningún Estado y están expuestas así a muchas otras violaciones de Derechos Humanos.
Por ello, Guevara Rosas ha argumentado que el Gobierno de Daniel Ortega está profundizando en su "política sistemática de represión". "Hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos ante estos nuevos abusos", ha señalado.
"No nos cansaremos de demandarle al Gobierno de Daniel Ortega el fin de la represión. El pueblo nicaragüense no merece seguir viviendo está pesadilla ni un segundo más", ha zanjado.
La medida, que afecta a 94 personas, se suma a la deportación a Estados Unidos de más de 220 presos políticos. La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó la Constitución para avalar la retirada de la ciudadanía de los "traidores" a la patria, lo que se tradujo días después en castigos contra casi cien disidentes más.
