LIMA (AP) — En un barrio industrial de la capital peruana, una escalera oscura conduce a un refugio secreto en la planta alta. Decenas de activistas quechuas y aymaras descansan en colchones sobre el piso a la espera nuevas manifestaciones contra el gobierno, mientras algunos voluntarios preparan un desayuno de arroz, pasta y verduras, alimentos que han sido donados por los simpatizantes.
Uno de los alojados en el refugio es Marcelo Fonseca, de 46 años, quien presenció la muerte a tiros de un amigo suyo en diciembre, cuando enfrentaban a las fuerzas de seguridad en la ciudad sureña de Juliaca. Horas después, Fonseca se sumó a una caravana de manifestantes que descendió sobre Lima para exigir la renuncia de la presidenta interina, Dina Boluarte.
“Nuestra sangre andina es muy ardiente cuando se enfurece”, dijo en un español vacilante Fonseca, cuya lengua materna es el quechua. “Corre a más kilometraje. Eso nos trae hasta aquí”.
A dos meses de iniciada la insurrección, los ánimos están más caldeados que nunca. Las manifestaciones apenas alteran las juergas de trasnoche en los enclaves junto al mar, pero las barricadas furiosas en el campo espantan a los turistas extranjeros y provocan escasez de gas para cocina y otros bienes de primera necesidad.
Los disturbios, que han dejado al menos 60 muertos, fueron provocados por el proceso de destitución del presidente Pedro Castillo. Para los peruanos como Fonseca, el maestro rural izquierdista era el símbolo de su propia marginación. En cambio, ven una imperdonable traición de clase en el ascenso al poder de la vicepresidenta Boluarte, con la complicidad de los enemigos derechistas de Castillo en el Congreso.
El impasse le ha dado una inyección de confianza al movimiento indígena peruano.
A diferencia de Bolivia —donde la elección del cocalero aymara Evo Morales a la presidencia en 2006 envalentonó a los indígenas— o Ecuador —donde los grupos étnicos tienen una larga tradición de derribar gobiernos impopulares—, los grupos indígenas peruanos bregan desde hace tiempo por ganar influencia política.
Aunque los peruanos de todos los orígenes se enorgullecen de la historia del imperio incaico, la población indígena suele recibir un trato desdeñoso, cuando no directamente hostil. Se hacen pocos esfuerzos por promover el quechua, a pesar de que lo hablan millones y es idioma oficial desde 1975. Apenas en el censo de 2017 se preguntó a los peruanos si se identificaban con alguno del medio centenar de grupos indígenas.
Tarcila Rivera, una conocida activista quechua y exasesora de las Naciones Unidas sobre asuntos indígenas, atribuye el desdén al racismo arraigado que se remonta a la conquista española.
“A pesar de 200 años de república, la realidad es que los originarios de Perú —los que venimos de civilizaciones prehispanas y precoloniales— no hemos accedido a nuestros derechos y no nos han tomado en cuenta de estos derechos”, afirma Rivera.
Los disturbios actuales han provocado un torrente de racismo. Un legislador en el Congreso dijo que la bandera arcoíris Wiphala, que representa a los pueblos nativos andinos, es un “mantel de chifa”: un restaurante chino barato. Otro llamó a las fuerzas de seguridad a “patearlos”, en alusión a los revoltosos, hacia Bolivia.
Rivera dice que la represión ha radicalizado a los jóvenes. Mientras tanto, la presencia generalizada de los celulares e internet durante las décadas de estabilidad económica ha dado a los indígenas peruanos una mayor conciencia de sus derechos, de la desigualdad flagrante, los sacrificios de héroes indígenas desconocidos cuyas hazañas contrastan con la narrativa de victimización permanente.
“¿Cómo es posible que sólo se enseña la historia de perdedores? Que somos verdaderamente unos pobres infelices, que llegaron 13 y nos conquistaron”, dijo Rivera.
El centro de la protesta se encuentra en la zona andina sureña, donde la identidad indígena está más arraigada. La región es la fuente de buena parte de la riqueza mineral de Perú y el lugar donde se encuentran joyas arqueológicas que atrajeron a más de 4 millones de turistas el año anterior al COVID.
Sus campesinos están entre los más marginados de Perú.
Las desigualdades saltaban a la vista este mes cerca de Cusco, donde un grupo de campesinos montó guardia durante horas sobre una barricada de neumáticos, troncos y piedras. A medida que se alargaba la fila de vehículos varados, estallaba el malhumor de los conductores que decían tener emergencias familiares.
“A mí no me va a gritar, señor, donde estoy hablando con maneras”, rugió un conductor, que fustigó a los manifestantes por votar por Castillo, quien antes de llegar a la presidencia vivía en una casa de adobe en uno de los distritos más pobres de Perú. ”No dejen unos sinvergüenzas, que muchas veces son de la misma comunidad, engañarles”, añadió, repitiendo una historia falsa difundida por las elites de que la victoria de Castillo se logró con sobornos, fraude y trampas.
Finalmente, los manifestantes cedieron a la presión y abrieron brevemente el paso tras una arenga contra los “millonarios” y los poderosos intereses que fuerzan a la comunidad a tomar medidas desesperadas.
En Lima, el refugio es un hervidero de actividad al comenzar una nueva jornada de manifestaciones. Listas manuscritas indican las tareas para mantener sanos y limpios los cuartos atestados. Se espera el arribo de decenas de manifestantes de Cusco, a los que se debe alojar en algunas de las escasas decenas de casas, apartamentos y negocios que les han abierto las puertas en la capital, como bases rebeldes clandestinas.
La prudencia es de rigor. Como Fonseca, muchos manifestantes fueron detenidos el mes pasado cuando las fuerzas de seguridad allanaron un campus universitario a la hora del desayuno, lanzaron gases y arrestaron a cientos por invasión. Por eso se les pide que salgan de los refugios de a uno o de a dos, apaguen las luces temprano y denuncien inmediatamente cualquier allanamiento policial a dos abogados de derechos humanos en vigilia permanente. Las ventanas están cubiertas con diarios y bolsas de alimento para perros para impedir la vigilancia.
No obstante, el sentimiento predominante no es el miedo, sino la esperanza.
“Pase lo que pase, nosotros ya hemos ganado”, sostiene Víctor Quiñones mientras colocaba un acullico de hojas de coca entre los dientes y la mejilla.
A sus 60 años, Quiñones es uno de los veteranos del grupo. Dice que en las últimas semanas en la capital se ha fortalecido su voluntad de seguir adelante y dejar de aceptar la situación, o los enfrentamientos inútiles con la policía en su pueblo para tratar de cambiarla.
“Rompimos las barreras y hemos venido en marcha. Y en el camino, mire usted, ese apoyo, esa esperanza”, dijo. “Hemos ganado, porque ahora el mundo lo sabe”.
