MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Frederiksen ha respondido mediante un comunicado a través de su cuenta de Facebook negando las acusaciones: "No he sobrepasado los límites de mi extensa libertad de expresión como político. No he revelado ningún supuesto secreto de Estado. Punto".
El caso, que aún no tiene fecha de juicio, se juzgará a puerta cerrada dada la importancia de la información presuntamente revelada por el exministro, que ha asegurado que luchará "hasta el final" para que el proceso se dé "con las puertas abiertas de par en par".
La Fiscalía tampoco ha revelado más detalles del presunto delito, pero sí ha aclarado que se trataría de una violación del artículo 109 de su código penal, que incluye el delito contra cualquier persona que divulgue, entre otras cosas, información de "negociaciones secretas, deliberaciones del Estado o sobre sus derechos relacionada con otros estados, o aquella información que incurra en un interés económico o público en relación con otros estados".
Si se probasen estos delitos contra el político, podría ser condenado a un máximo de doce años de cárcel si se prueba intencionalidad, y a pagar una multa o cumplir una prisión de máximo tres años si fue por una negligencia.
UN CASO QUE VIENE DE LEJOS
La imputación se ha hecho oficial este martes después de que el ministro de Justicia ratificase la decisión del fiscal general de llevar el caso a los tribunales, pero desde el año pasado se conocen los presuntos cargos que pesan sobre Frederiksen, que hasta finales de agosto de 2020 ejerció como presidente del Comité de Servicios de Inteligencia.
Los cargos, imputados de forma preliminar en enero de 2022, no habían podido ser ratificados hasta ahora, ya que el exministro formaba parte del Parlamento danés, como miembro del Partido Liberal (Venstre), y como tal gozaba de inmunidad jurídica. Desde el Parlamento danés se votó la posible suspensión de su inmunidad, pero no se llegó a ninguna mayoría. Sin embargo, en las elecciones del pasado noviembre en el país, Frederiksen no se presentó a la reelección, acabando así con su inmunidad.
El sábado 18 de febrero, el propio político pidió a través de sus redes sociales que el actual ministro de Justicia confirmase los cargos contra él, para que así se pudiese poner en marcha el proceso y así probar su inocencia.
