PHOENIX (AP) — La fiscal del caso contra un ranchero de Arizona acusado de matar a un mexicano en su propiedad cerca de la frontera de Estados Unidos con México afirmó el miércoles durante una audiencia que el ranchero comenzó a disparar ese día contra un grupo de unos ocho migrantes desarmados que ingresaron a territorio estadounidense de manera ilegal.
Kimberly Hunley, fiscal adjunta del condado Santa Cruz en Nogales, Arizona, hizo la afirmación el mismo día en que el tribunal hizo público un documento que ella entregó el martes, en el que aseveró que el ranchero George Alan Kelly empezó a disparar “de la nada” contra el grupo el 30 de enero, sin darles previo aviso ni pedirles que abandonaran su propiedad.
Kelly, de 73 años, enfrenta un cargo de homicidio en primer grado por la muerte de Gabriel Cuen Butimea, quien vivía al otro lado de la frontera, en Nogales, México. Expedientes judiciales muestran que Cuen fue condenado por ingreso ilegal y deportado a México varias veces, la más reciente en 2016.
Posteriormente, otros dos miembros del grupo presentaron denuncias ante los cuerpos policiales, llevando esta semana a las autoridades a modificar el proceso contra Kelly para incluir dos cargos de agresión con agravantes “usando un fusil, un arma mortal o instrumento peligroso” al abrir fuego en su finca.
Esos dos miembros del grupo estaban en la línea de fuego, pero no fueron alcanzados por las balas, de acuerdo con los documentos judiciales actualizados el miércoles. Uno describió ver cómo Cuen Butimea fue impactado y dijo que se sintieron como si los estuvieran cazando.
Ambos huyeron de regreso a México, pero están dispuestos a testificar en el caso contra Kelly, según los documentos.
La corte, la fiscalía y el departamento policial del condado “han recibido reportes inquietantes, algunos de naturaleza amenazante, que parecen indicar una amenaza continua a la seguridad de las víctimas”, señalan los documentos actualizados de Hunley.
La fiscal señaló que los comentarios de Kelly no concuerdan con lo que los miembros del grupo le dijeron a las agencias policiales, y que la versión del ranchero ha cambiado con el paso del tiempo.
“Kelly le disparó a un hombre desarmado por la espalda cuando éste estaba huyendo, además de disparar contra otros individuos sin previo aviso o provocación alguna”, alega Hunley en los documentos, argumentando en contra de reducir la fianza por 1 millón de dólares en efectivo de Kelly.
Escribió que el grupo “no representaba amenaza alguna para él ni para su familia” y sin embargo Kelly “les disparó repetidamente con un AK-47, alcanzando y matando a uno de ellos”.
La abogada de Kelly, Brenna Larkin, ha dicho que el ranchero no disparó contra ni mató al hombre, pero admite que ese mismo día había realizado tiros de advertencia contra contrabandistas que llevaban fusiles AK-47 y mochilas que encontró en su propiedad.
El juez de paz Emilio G. Velasquez ordenó el miércoles que se modificara la fianza de Kelly de una en efectivo a una de garantía, lo que permitirá a Kelly usar su rancho y vivienda en lugar de aportar el dinero, con lo que podrá salir de la prisión mientras se resuelve su proceso.
Velasquez programó otra audiencia para las 9:00 de la mañana del viernes en el tribunal del condado de Santa Cruz.
"Estamos siguiendo este caso muy de cerca”, comentó el cónsul general de México en Nogales, Arizona, Marcos Moreno Báez. “Hemos estado presentes en las comparecencias ante el tribunal y estamos en contacto con la familia de la víctima, ayudando en todo lo que podamos”.
