JERUSALÉN (AP) — El Parlamento israelí dio aprobación preliminar el miércoles a un proyecto de ley que permitiría al legislativo invalidar un fallo de la Corte Suprema por mayoría simple, y que de ser sancionado, según los detractores, alteraría gravemente el equilibrio democrático en el país.
La aprobación del proyecto de “invalidación de la Corte Suprema” en una votación preliminar en el Knesset fue el paso más reciente de la coalición gobernante de Benjamin Netanyahu hacia la reforma judicial, que avanza a paso arrollador pese a los llamados al diálogo y el consenso de judíos estadounidenses y el presidente de Israel, y las manifestaciones semanales en las que participan decenas de miles de israelíes.
Netanyahu y sus aliados ultranacionalistas y ultraortodoxos quieren aprobar una serie de leyes que limitarían la autoridad de la Corte Suprema, que según ellos ha ejercido un poder irrestricto durante años. Los detractores dicen que erosionarán las normas democráticas, concentrarán el poder de la coalición gobernante y convertirán a Israel en una democracia intolerante.
El proyecto de reforma judicial del gobierno de Netanyahu se ha encontrado con una tenaz resistencia y protestas en Israel y el extranjero.
Días atrás, el parlamento aprobó en primera lectura una serie de proyectos para dar a la coalición gobernante el control de los nombramientos judiciales y despojar a la corte de la revisión judicial de las Leyes Básicas, la legislación cuasi-constitucional del país.
Un proyecto presentado en el parlamento el miércoles requeriría un fallo unánime de la Corte Suprema para enmendar o anular una ley por violar una de las Leyes Básicas y permitiría al parlamento aprobar leyes inmunes a la revisión del tribunal supremo aunque violara una Ley Básica. La votación preliminar fue de 61-52 a favor.
Cada proyecto debe ser aprobado en comisión antes de la votación final en el parlamento para convertirlos en leyes.
Netanyahu regresó al poder en diciembre a la cabeza del gobierno más intolerante y religioso de los 75 años de historia del país tras la quinta elección en menos de cuatro años. El juicio al gobernante por fraude, abuso de confianza y sobornos ha durado casi tres años.
