MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
"Nosotros la recibimos con entusiasmo y realmente creemos que España tiene que garantizar que estas personas estén perfectamente protegidas desde el punto de vista social y desde el punto de vista laboral", ha señalado Domínguez-Gil en una entrevista con Europa Press.
Según la propuesta socialista, esta baja se extendería desde el día del ingreso para la cirugía de donación hasta recibir el alta médica, así como en los días discontinuos en que el donante no pueda trabajar debido a la preparación médica de la cirugía.
La propuesta también incluye la protección del donante vivo de órgano frente a consecuencias como el despido ante las ausencias del puesto de trabajo necesarias para el proceso de donación, incluyendo el estudio previo a la cirugía.
Tal y como ha detallado la directora de la ONT, la legislación española contempla actualmente que la administración tiene "el deber" de compensar al donante por los gastos en los que ha incurrido como consecuencia específica del proceso de donación.
"Pero, por otro lado, hasta el momento, a día de hoy, una persona que se somete a una nefrectomía (la extirpación de un riñón para donarlo o parte de su hígado) lo que tiene es una incapacidad temporal", ha precisado.
Por ello, desde la ONT abogan, en la línea de la propuesta del PSOE, por una baja "especialmente protegida" que sea "similar a la baja por maternidad", de tal manera que se cubra "el 100 por cien de la base de cotización de la persona y que, por lo tanto, no tenga pérdidas económicas como consecuencia de la donación".
Otro aspecto que ha resaltado la directora de la ONT es la necesidad de que esa persona esté protegida frente al despido: "Porque muchas veces estas personas tienen que someterse a una evaluación muy cuidadosa, muy pormenorizada, con muchas visitas al hospital para hacerse pruebas, comparecencia frente al juez, comparecencia frente a un comité de ética...".
Las asociaciones de pacientes y la ONT han solicitado desde hace años esta baja por donación para mejorar la protección de los donantes, en su mayoría de riñón y menos frecuentemente de hígado, y que no sufran ningún tipo de perjuicio.
Domínguez-Gil ha añadido, además, que esta persona no solo ayuda a su familiar, sino a todo el sistema sanitario. "Es una persona que se somete a una intervención quirúrgica mayor con el objetivo de ayudar a un ser querido. No solamente está haciendo un gesto que ayuda a prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida, también contribuye incluso a la sostenibilidad del sistema sanitario, por todo lo que ahorra en diálisis y alivia la lista de espera", ha recordado.
Según las estimaciones, a los cinco años de haberse realizado, el trasplante renal genera un ahorro medio de 160.000 euros por paciente en comparación con la hemodiálisis y de 90.000 euros en comparación con la diálisis peritoneal.
De acuerdo con los datos de la ONT, en 2022 un total de 350 personas donaron un riñón y 5 personas parte de su hígado en vida. Cada año se realizan alrededor de 350 trasplantes de donante vivo en España.
RECHAZA LA PROPUESTA EN EE.UU. DE REDUCIR CONDENAS A CAMBIO DE TRASPLANTES
Por otra parte, la directora de la ONT también se ha pronunciado durante la entrevista sobre otro tema de actualidad: el proyecto de ley que la Cámara de Representantes del Estado de Massachusetts (Estados Unidos) que permitiría que las personas encarceladas donen órganos a cambio de una reducción de sus condenas.
Esta propuesta, realizada por legisladores demócratas, ya fue rechazada en 2014 por el Comité de Ética de la Red de Obtención y Trasplante de Órganos (OPTN, por sus siglas en inglés): "Cualquier ley o propuesta que permita a una persona intercambiar un órgano por una reducción de condena, en particular una condena de muerte a cadena perpetua, plantea numerosos problemas".
Domínguez-Gil también ha valorado "de manera muy negativa" esta medida, ya que considera que "el acto de la donación de órganos o de tejidos o de cualquier sustancia tiene que basarse en un consentimiento libre", tal y como defienden la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Europa y la Unión Europea.
"Una persona que está cumpliendo una pena de prisión no está tomando una decisión libre si a cambio se le ofrece reducir la pena. Vendría a ser un equivalente a un incentivo económico", ha censurado.
Para la directora de la ONT, este incentivo económico "elimina la libertad de la persona". "Y es más, no solamente elimina la libertad, sino que expone al vulnerable", ha apuntado, argumentando que estos presos suelen tener una "necesidad económica extrema" o estar "en situación ilegal".
"Es decir, nos podemos encontrar con muchas situaciones de personas vulnerables que serían, precisamente, las que se transformarían en esa fuente, permíteme la palabra, de órganos para personas que lo necesitan", ha remachado.
