La controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B electoral, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue admitida este miércoles por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán.
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De esta forma, en la fase inicial del procedimiento puesto en marcha por la Corte solo se contempla la primera parte de dicha reforma, es decir, la que contiene modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas.
Según se lee en el acuerdo de admisión, se justifica la promoción de la controversia constitucional debido a la obstaculización de las funciones del órgano electoral en cuanto a la propaganda gubernamental y el modelo de comunicación social.
“El decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, establece.
En este sentido, apenas es la primera etapa de las inconformidades del órgano electoral de un total de 125 impugnaciones, que se presentarán ante la Corte de forma paulatina.
“El promovente de la controversia sostiene que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGCS y de la LGRA, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal”.
