MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La ONG Amnistía Internacional (AI) y el Centro Abdorrahman Borouman han denunciado este jueves que las autoridades iraníes han ejecutado a 94 personas en los meses de enero y febrero en el marco de las protestas antigubernamentales que se suceden desde septiembre a raíz de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven kurdo-iraní detenida en la capital, Teherán.
"Están llevando a cabo ejecuciones a una escala aterradora. Sus acciones constituyen un ataque al derecho a la vida y un intento desvergonzado no solo de oprimir aún más a las minorías étnicas, sino también de sembrar el temor de que la disidencia sea reprimida con la fuerza bruta, ya sea en las calles o en la horca", ha indicado la directora ejecutiva de la ONG Abdorrahman Borouman, Roya Boroumand.
Una investigación sobre las ejecuciones determina, según han denunciado en un comunicado conjunto, que las autoridades iraníes ejercen la pena de muerte como una forma de represión contra las minorías étnicas. Del total de víctimas, 14 eran kurdos, 13 eran baluches y uno era un árabe ahwazí, una minoría que reside en la provincia de Juzestán.
Las dos ONG afirman que Hasan Abyat, de la minoría ahwadí, fue ejecutado en la prisión de Sepidar, en Juzestán, mientras que Arash Ahmadi, kurdo, fue ejecutado en la prisión de Dizel Abad, en la provincia de Kermanshah, en el oeste del país. Ambos fueron sometidos a torturas y malos tratos para confesar crímenes.
"Es desgarrador que las ejecuciones se produzcan de forma rutinaria en medio del uso sistemático de 'confesiones' contaminadas con tortura para condenar a los acusados en juicios manifiestamente injustos", ha dicho por su parte la directora regional adjunta de AI para Oriente Próximo y Norte de África, Diana Eltahawy.
Por ello, recuerdan que la pena de muerte --el "máximo castigo" al ser "cruel, inhumano y degradante"-- después de "un juicio injusto" constituye "una privación arbitraria del derecho a la vida", según el Derecho Internacional.
"Instamos a todos los estados a ejercer la jurisdicción universal sobre todos los funcionarios iraníes de los que se sospeche razonablemente que tienen responsabilidad penal por delitos de Derecho Internacional y otras violaciones graves de los Derechos Humanos", ha zanjado Eltahawy.
